Jueza une los casos Mochilas I-II y Leyes no resistió la audiencia
A pedido del Ministerio Publico y tras consensuar con las partes, la jueza anticorrupción Sara Céspedes suspendió ayer la audiencia de medidas cautelares del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, ayer.
A pedido de la Fiscalía, la jueza pidió a la médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) emitir un informe sobre el estado de salud de Leyes.
“El Alcalde presenta un cuadro de hipertensión arterial, presión elevada. Hasta el momento, no hay disminución, pese a que se le dio un medicamento para nivelar su presión. Vemos que tiende a subir, esto pone en riesgo la vida”, informó en audiencia la médica de apellido García.
“Para precautelar la salud del Alcalde, solicitamos que se suspenda el acto procesal”, dijo el fiscal superior Juan Manuel Gutiérrez. La audiencia se reinstalará el lunes 11 de junio a las 15:30.
Hasta el Tribunal de Justicia llegaron simpatizantes del alcalde Leyes. Comerciantes y funcionarios del municipio se aglomeraron en predios del edificio, mientras la Policía resguardaba el lugar para evitar excesos.
Leyes abandonó el juzgado con semblante decaído, con suero y oxígeno. Salió con dos custodios y retornó a la clínica Los Ángeles, donde fue internado el miércoles. Hoy puede ser dado de alta.
Jueza une procesos
Tras instalar la audiencia cautelar por el caso Mochilas II ayer a las 16:30, la jueza anticorrupción Sara Céspedes dio a conocer la determinación de unir los dos procesos por los que se imputa a la primera autoridad de Cercado.
“He decidido unir Mochilas I y II de oficio, pero se admite la solicitud del Ministerio Público para presentar nueva documentación”, manifestó.
La jueza dijo que “con la finalidad de resolver la petición de conexitud de acciones, corresponde puntualizar que pese a existir normativas que expresa que ambos casos no pueden unirse, porque se desarrollaron en diferentes tiempos y con la participación de diferentes personas con el afán de resguardar los derechos humanos y garantías constitucionales”.
El representante de la Procuraduría de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas, en sala, impugnó esta determinación y exigió que se subsane.
“Aplicaremos los recursos que sean necesarios para apelar esta determinación. La juez debe fundamentar, por qué decidió asumir esta determinación siendo que ella misma negó la acumulación de casos un día anterior”, manifestó.
El fiscal superior asignado al caso, Juan Manuel Gutiérrez, informó que, como Ministerio Público, presentarán más de 40 nuevos elementos de convicción ratificando la solicitud de detención preventiva del Alcalde.
“La determinación de la juez es una barbaridad jurídica. Acudiremos a los medios de Ley que nos da el Código Penal, ya que en el caso Mochilas I se hizo la misma solicitud y se rechazó, pero ahora es aceptada. Nos parece extraño”, argumentó.
Según el abogado defensor de Leyes, Alberto Morales, la determinación de la jueza no puede ser revocada, porque “no se habría incumplido con ninguna condición jurídica”. Dijo que, con el solo hecho de haberse presentado ante la jueza, la orden de aprehensión de su defendido queda sin efecto y que, una vez dado de alta, puede volver a su casa cumpliendo la detención domiciliaria.
DECLARACIONES
"Es una barbaridad jurídica la que ha se ha cometido, acudiremos a instancias correspondientes". Juan Manuel Gutiérrez. Fiscal Superior
"El hecho que haya colapsado en la audiencia el Alcalde es una prueba más: se atenta contra su vida". Humberto Trigo. Abogado de la defensa
"Aplicaremos los mecanismos necesarios para apelar la determinación de juntar ambos casos". Juan de la Cruz Vargas. Rpte. Procuraduría
NIEGAN TERCERA ACCIÓN DE LIBERTAD DEL ALCALDE
El Tribunal de Sentencia Séptimo negó la tercera acción de libertad presentada por la defensa del alcalde José María Leyes, ayer.
La jueza María Angélica Sánchez argumentó su decisión explicando que existen certificados médicos presentados por la defensa que cuentan con sellos y números de paramédicos en los que se visibiliza un diagnóstico médico, pero “no tiene nombre del paciente”.
De igual manera, las pruebas presentadas no precisaban la fecha del ingreso de la autoridad a la clínica.
El abogado defensor Humberto Trigo lamentó esta determinación y aseguró que presentaron la documentación con los requerimientos correspondientes y los reportes médicos, paramédicos y policiales.
“Antes estábamos luchando para defender la libertad del Alcalde; ahora estamos peleando para salvar su vida”, expresó. Trigo dijo que esperan que se revisen nuevamente la determinación.
