UPEA mantiene presión y Romero pide declarar
El conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) llegó a su quinta semana. Ayer, miles de estudiantes, docentes y administrativos realizaron una masiva marcha en La Paz acompañando a la movilización que llegó desde Patacamaya. La exigencia de modificar la Ley 195 de Coparticipación continúa; en tanto, el Gobierno aseguró que, mientras esa casa superior de estudios no transparente sus gastos, no habrá más dinero que entre a sus arcas.
El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló que con la ley que le asigna Bs 70 millones adicionales, más lo que tiene en caja y bancos y los fondos congelados por concepto del IDH, la universidad alteña tiene 690 millones de bolivianos para ser ejecutados hasta diciembre.
El jefe de Estado, además, aseguró que se otorgaría un mayor presupuesto a la UPEA en caso de que esa casa de estudios superiores compruebe, mediante una auditoría, sus verdaderas necesidades.
En tanto, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, aseguró que el Gobierno deberá negociar con esa casa de estudios sin levantar las medidas de presión.
Caso Jhonatan
Por otra parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitó fecha y hora para declarar y coadyuvar en la investigación sobre la muerte del estudiante de la UPEA Jonathan Quispe, informó ayer el director jurídico de esa cartera de Estado, Filemón Sandóval. Los indicios establecieron que el subteniente Cristian Casanova es el autor de la muerte del estudiante, el 24 de mayo último en El Alto, en medio de enfrentamientos entre universitarios y policías.
Sandóval agregó que hasta la fecha no recibió una notificación por la querella que instauró el Ministerio de Gobierno sobre ese caso.
