Ante amenaza de Áñez, MAS prevé que Copa promulgue polémica ley
El Movimiento Al Socialismo (MAS) no tardó mucho en volver a aplicar el habitual rodillo parlamentario. En la víspera, los diputados del MAS, tras largas horas de debate y acusaciones al interior del partido, aprobó el proyecto de Ley de Garantías Constitucionales, documento cuestionado porque busca la “impunidad” de exautoridades, dirigentes sindicales y otras personas, que generaron violencia, destrozos y saqueos en octubre y noviembre pasados.
Ante el anuncio de veto al documento en el Ejecutivo, el ala dura del MAS prevé que la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgue la norma.
La Constitución Política de Estado (CPE) señala en el artículo 164 que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Órgano Ejecutivo podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado en el término de 10 días hábiles desde el momento de su recepción.
Políticos y expertos sostienen que se intenta imponer una norma que va incluso en contra de la Constitución y otras leyes vigentes.
La CPE, del artículo 109 al 124, establece las garantías constitucionales de todos los bolivianos, además que estos se reflejan también en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, pese a la vigencia de estos instrumentos legales el partido con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pretende “imponer” un documento que, bajo el argumento de reforzar estas garantías, busca librar de responsabilidad a un grupo de personas, pese a que contraviene otras normas.
“Esta ley sólo obedece a las instrucciones de Evo Morales y Álvaro García, que buscan una protección adicional porque saben la responsabilidad que tienen en promover la violencia entre los bolivianos”, aseveró el senador Óscar Ortiz al sostener que él y la bancada de Demócratas en el Senado se opondrán a este proyecto, que pretende “reactivar el conflicto en Bolivia”.
El constitucionalista Williams Bascopé Laruta refiere que es un “proyecto que busca maquillar el tema de hacer argucias jurídicas, entrever y enredar las investigaciones que vengan adelante”. Explicó que se trata de una estrategia política para victimizarse, para decir que hay una persecución en Bolivia y beneficiar a algunos sectores.
“Uno, a la rosca palaciega que se fugó, encabezado por García Linera y Evo Morales, segundo, a ciertos dirigentes que han azuzado y se los ha visto en varios sectores operar, y alguno de esos todavía está en el Parlamento, tercero, a ciertos dirigentes que se han prestado a este tema y obviamente había el tema de la repartija de dinero, entonces esta ley de garantías es un maquillaje innecesario”, explicó.
Lamentó que con esta posible norma se intente coaccionar al Ejecutivo para que pueda incurrir en “tráfico de influencias” al indicar que coordinará con el Ministerio Público , pero sobre todo intentar dejar en la impunidad delitos que se sancionan con normas, por ejemplo, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Ratificación
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que la propuesta será enviada al Senado.
Refirió que el documento es la consolidación de los acuerdos a los que se llegó con la Conferencia Episcopal, Unión Europea, Naciones Unidas y otras instancias, y que no se busca la impunidad de nadie.
