CIDH: informe presenta seis omisiones y tergiversaciones
El informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, señala que se detectó una serie de violaciones de derechos humanos registrados tras las elecciones fraudulentas, pero el documento presenta varias omisiones y tergiversaciones.
En tanto, el Gobierno, a través del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, rechazó el informe, calificándolo de “sesgado” e “inconsistente”, porque no hay contraparte.
Entre las omisiones que presenta el informe está la destrucción de las unidades policiales en el trópico de Cochabamba, Sacaba y Punata tras la renuncia de Evo Morales. Si bien menciona los destrozos y quemas a las estaciones policiales de El Alto y la zona sur de Cochabamba, no registra los otros hechos vandálicos.
La CIDH señala con precisión y califica de “masacre” las muertes en Senkata, pero no menciona que existía una amenaza de atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) instalada en esta zona de El Alto que fue alertada por el Gobierno transitorio y por lo mismo se instaló vigilancia militar en la planta.
En la parte de bloqueo de vías, alimentos y servicios básicos, el informe de la CIDH no menciona que los grupos que tomaron esta medida son las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), como la Confederaciones Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia y los productores de coca del trópico de Cochabamba. A esto se suma el video en el que se escucha al expresidente Evo Morales instruyendo a un dirigente de Santa Cruz continuar con el bloqueo de alimentos para las ciudades.
El informe de la CIDH también hace mención a la presencia de grupos armados que ejercieron violencia durante los días conflictivos que vivió el país, y hace alusión a la “Resistencia Cochala”, pero no menciona al grupo de personas que desalojó por la fuerza a la Policía de Yapacaní y se quedó con sus armas y sus vehículos e instaló un bloqueo en el puente de ingreso al municipio y amenazaban con disparos a los policías que querían retomar el control de la zona.
A esto se suma la presencia de Facundo Molares, alias Camilo, un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien admitió que participó de los enfrentamientos en Montero, donde fallecieron dos personas por arma de fuego.
Tergiversación
El informe de la CIDH señala “que a las mujeres de pollera se les había asesinado, golpeado, herido y humillado mediante actos recurrentes tales como cortarles el pelo”. Sin embargo, ningún reporte de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo o Policía menciona la muerte de alguna mujer producto de enfrentamientos que tenga estas características y tampoco de casos de féminas a quienes se le hubiera cortado el cabello, aparte de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien no es una mujer de pollera.
NO ESTÁ DE ACUERDO CON LEY DE AMNISTÍA
El informe de la CIDH también señala que ha sido informada sobre la presentación y trámite actual de un proyecto de ley en el cual se eximiría de responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García Linera.
“Al respecto, la CIDH advierte que, bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su rango o nivel de mando en la estructura del Estado”, dice textualmente el informe preliminar.
