Las adendas al contrato entre YPFB y Petrobras

Como resultado de la firma del contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras (GSA), a partir de 1997 se construyó el gasoducto Bolivia-Brasil (GasBol) de 3.150 Km. de longitud y 32” de diámetro y tomó dos años para ser puesto en operación, en julio de 1999.

Desde entonces, este gasoducto representa el vínculo de integración económica más fuerte existente entre ambos países y constituye un factor de complementariedad estratégica en el campo energético, que no ha agotado sus posibilidades desde que el ducto abrió al gas boliviano el gran mercado del polo industrial más importante de Sudamérica.

Desde la firma del contrato GSA, hace 21, las condiciones establecidas inicialmente fueron cambiadas mediante sucesivas adendas, que modificaron sustancialmente el Acuerdo Binacional suscrito en 1992.

El 18 de diciembre de 2009; cuando el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, suscribió la cuarta adenda, en vez de negociar la modificación del GSA para trasferir a Petrobras gas metano puro, con 8.900 Kcal/m3, se obliga, por el contrario, como en la etapa capitalizadora, a seguir entregando gas enriquecido de al menos 9.200 Kcal/m3 hasta la finalización del contrato. Esta cuarta adenda no sólo significó la formalización de la entrega de materia prima de exportación, sino la confirmación de que los gobernantes bolivianos siguen con las prácticas de antaño, con esa manía de conceder privilegios y graciosas concesiones al capital extranjero.

Pero, lo que realmente llama la atención es la firma de la octava adenda, el 6 de marzo pasado y que entró en vigencia el 11 de marzo de 2020, ya que representa un nuevo punto de entrega distinto del anterior, de Río Grande a uno nuevo ubicado en el Mutún, en la frontera con Brasil. Esta octava adenda representa un daño económico al Estado de por lo menos $us 5,34 millones al mes que dejará de percibir por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún).

El portal digital “Detrás de la Verdad”; además de denunciar que los ingresos por la exportación de gas han sido afectados por la firma de esta octava adenda, lo que constituye un daño económico para Bolivia, ahonda más indicando que exaltos cargos de Petrobras ahora toman decisiones en YPFB y, luego de enumerar una larga lista, señalan que desde el actual presidente de YPFB, el gerente general de YPFB Refinación, pasando por asesores y directores eran funcionarios de Petrobras y actualmente ocupan cargos estratégicos en la estatal petrolera.

Tal como en el pasado, cuando la Standard Oil Co; monopolizó los yacimientos petrolíferos bolivianos y posteriormente con el Código Davenport se privilegió a la Bolivian Gulf Oil, esta vez le toca a Petrobras que, con la capitalización, se vio favorecida con las mayores ventajas: la imprecisa clasificación de yacimientos nuevos y antiguos, el acceso a los precios altos de exportación y a la liberación de abastecer al mercado interno.

Pero estos privilegios no paran con la capitalización ya que seguimos concediendo ventajas al capital extranjero, como la cuarta adenda firmada en tiempos de Evo Morales y el MAS y lo que resulta el colmo de la estupidez, o incapacidad de los negociadores bolivianos, está en la firma de la octava adenda, en tiempos de un Gobierno de transición, al que no le correspondía firmar más adendas y menos como la octava que con esos nuevos términos posterga y complica la firma de un nuevo contrato que reafirme la alianza estratégica Bolivia-Brasil basada en la provisión de gas competitivo, apuntando a la industrialización.

El autor es ingeniero geólogo, jorgemarquezostria@gmail.com