De la obra, al servicio público

Nuestro bajo nivel de desarrollo y las carencias básicas que sufre la mayor parte de la población boliviana han orientado la gestión estatal a la construcción de obras públicas, desde calles hasta carreteras nacionales, desde postas de salud hasta hospitales de “cuarto nivel”, por ejemplo. Sin embargo, el nivel de desarrollo de una sociedad y de un país no se alcanza sólo con obras de infraestructura física sino con servicios públicos de calidad, con cobertura para que todos puedan acceder a ellos y con un principio de subsidiariedad para fortalecer el sistema mediante la complementariedad con el sector privado.

El gran desafío que tenemos por delante es pasar de la obra pública al servicio público. Servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la administración de la justicia, registros públicos que garanticen los derechos propietarios de los ciudadanos o el acceso a información pública veraz y oportuna son indispensables para el progreso social y económico de una nación, y fundamentales para el bienestar y prosperidad de los ciudadanos.

El gran problema es que, en los países subdesarrollados como el nuestro, con tantas carencias y necesidades reales de infraestructura básica, las obras se convierten en el camino no solo más fácil sino más práctico para mantener los niveles de apoyo público con el cual una autoridad electa busque su reelección. Existe un incentivo muy fuerte para que las autoridades –ya sean alcaldes, gobernadores o presidentes– concentren su gestión y los recursos a su cargo, incluidas las deudas que contraen, en obras que puedan permitirles pasarse los días en actos públicos de inicio de obras, visitas de inspección y sucesivas inauguraciones. Algunas requieren semanas, otras meses o años, pero en todo caso siempre se buscará que se concluyan antes de la siguiente elección.

Es lo que vivimos durante las tres gestiones en las que Evo Morales presidió el país. A pesar de que dispuso de la mayor cantidad de recursos que haya administrado cualquier presidente durante la historia nacional, los servicios públicos no mejoraron, ni siquiera aquellos que, como la salud y la educación, reflejan con mayor crudeza la pobreza que sufre una parte muy importante de la sociedad.

Por ello, la mayor cantidad de las obras construidas durante su gobierno, corresponden a canchas, coliseos, estadios y sedes sindicales. Son proyectos que se pueden ejecutar y entregar en pocos meses. No se puede desconocer que también se construyeron carreteras, aunque no se preocuparon por el mantenimiento, que se construyeron escuelas, pero no se preocuparon por mejorar la calidad de la educación impartida, y que se construyeron hospitales, pero nunca se preocuparon por la formación de los especialistas que tendrían que atenderlos ni por su funcionamiento. Su prioridad no era el desarrollo sino la popularidad que podría generar la entrega de la obra y la propaganda alrededor de ella.

Por el contrario, un servicio público no solo demora años sino también décadas en lograr el nivel de calidad y cobertura que se requiere. La educación, por ejemplo, quizás demore 20 años de reformas para poder formar una nueva generación con estándares internacionales. Mejorar la salud, seguramente no demorará menos y tampoco la justicia. Ningún gobierno, en una democracia presidencialista, puede durar tanto tiempo, por lo que los logros en estas materias son una construcción compartida de sucesivas gestiones. El problema es que así, si ninguno comienza el camino y los otros le dan continuidad, jamás alcanzaremos la meta. Es la triste historia de nuestro subdesarrollo.

Por eso Churchill decía que “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Sin embargo, dependerá de los ciudadanos que también exijamos servicios y no solo obras a los candidatos y a los gobernantes.

El autor ha sido senador y ministro de Economía