Se extiende el reconocimiento del derecho a morir

MELBOURNE – El derecho a recibir ayuda para morir sigue ganando terreno. El mes pasado, el parlamento español aprobó una ley (que entrará en vigor en junio) que permitirá a los médicos ayudar a morir a pacientes adultos que tengan una enfermedad “grave e incurable” que les cause un “sufrimiento intolerable”. Los médicos podrán recetar una dosis letal de una droga que el paciente se autoadministrará (lo que se conoce, entre otros nombres, como muerte con ayuda médica, muerte asistida voluntaria y suicidio asistido) o administrarle una inyección letal (eutanasia voluntaria).

En febrero, el parlamento portugués aprobó una ley que permite la eutanasia voluntaria para enfermos terminales, pero el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, la sometió al Tribunal Constitucional, que la rechazó por no ser suficientemente precisa. Se prevé que el Parlamento apruebe antes de fin de año una versión modificada.

Otros países han ido más lejos. Desde 2016, Canadá permite la muerte con ayuda médica (tanto suicidio asistido como eutanasia voluntaria) para pacientes cuya muerte natural es “razonablemente previsible”. La ley se aprobó en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de Canadá que determinó la incompatibilidad de las prohibiciones vigentes al suicidio asistido y a la eutanasia voluntaria con la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades.

Aunque los canadienses apoyaron la ley, ocho de cada 10 que respondieron una encuesta dijeron que era demasiado restrictiva. Y tras una demanda presentada en 2019 ante el Tribunal Superior de la provincia de Quebec, la jueza dictaminó que limitar la provisión de ayuda para morir a pacientes cuya muerte natural sea previsible también era incompatible con la Carta de Derechos.

En marzo, tras un amplio proceso de consulta pública y debate parlamentario, los legisladores canadienses aprobaron una enmienda que habilita la provisión de ayuda para morir a pacientes con “problemas de salud graves e irremediables”, es decir, aquellos que: “tengan una enfermedad, una afección o una discapacidad graves e incurables; se encuentren en un estado avanzado de deterioro irreversible de sus capacidades; (y) padezcan sufrimientos psicológicos o físicos persistentes que les resultan intolerables y que no pueden aliviarse en condiciones que consideren aceptables”.

Aunque ahora pueden pedir el procedimiento personas cuya muerte natural no es razonablemente previsible, en esos casos la solicitud se someterá a una evaluación adicional, que incluye un período obligatorio de 90 días para estudiar la situación del paciente mediante el asesoramiento psicológico y frente a la posibilidad de que terapias paliativas mejoradas puedan aliviar sus sufrimientos.

En la ley de 2016 se previó que transcurridos cinco años el Parlamento reevalúe sus resultados generales y analice en particular dos situaciones que son importantes para el debate público sobre la muerte asistida. La primera es la admisibilidad del pedido anticipado (por ejemplo, alguien que está en las primeras etapas de la demencia y todavía puede disfrutar de la vida, pero que no quiere seguir viviendo cuando esa capacidad se haya perdido). La otra cuestión que deberán evaluar los legisladores es la extensión de la ayuda para morir a personas cuyo sufrimiento intolerable e irremediable sea producto de una enfermedad mental.

La cuestión del pedido anticipado adquirirá más peso conforme el envejecimiento poblacional aumente los casos de demencia. El año pasado, la Corte Suprema de los Países Bajos dictaminó que no es delito proveer eutanasia a pacientes que no puedan dar consentimiento al momento del procedimiento si ya lo dieron por escrito antes.

El principal motivo para admitir el pedido anticipado es que permite a pacientes que se encuentren en las primeras etapas de la demencia seguir disfrutando de la vida, sin temor a que si no se suicidan mientras puedan se convertirán en lo que Gillian Bennett, activista canadiense por el derecho al pedido anticipado, denominó “una cáscara vacía”. Bennett se quitó la vida, tras recibir el diagnóstico de demencia, porque no quería prolongar una existencia que ya no podría disfrutar y en la que dependería por completo de enfermeros cuya ayuda profesional estaría mejor empleada cuidando de pacientes que puedan aprovecharla.

La ley canadiense de 2021 excluye en forma explícita la provisión de ayuda para morir a pacientes cuyo único motivo para solicitarla sea una enfermedad mental, pero esta exclusión caducará automáticamente en dos años. Eso le pone al Parlamento un plazo para decidir qué salvaguardas son necesarias para asegurar que el sufrimiento de enfermos mentales que pidan ayuda para morir sea realmente irremediable.

Es indiscutible que algunos enfermos mentales no responden a tratamientos y sufren inmensamente. Cuesta ver por qué si una enfermedad física incurable que no es terminal resulta razón suficiente para obtener una muerte asistida, un sufrimiento igual o peor derivado de una enfermedad mental incurable no debería serlo. Además, personas que padecen depresión u otras enfermedades mentales que no responden a tratamientos pueden hallar que el mero hecho de considerarlas candidatas a la eutanasia les hace la vida más soportable.

La enfermedad mental se acepta como motivo de eutanasia en Bélgica y en los Países Bajos. En un estudio de 100 pacientes psiquiátricos en Bélgica que pidieron la eutanasia motivados por sufrimientos psicológicos, se halló que de 48 solicitudes aceptadas, hubo ocho pacientes que pospusieron o cancelaron el procedimiento porque “el solo hecho de tener esta opción les dio paz interior suficiente para seguir viviendo”.

La única duda que tal vez subsista es si la evaluación psiquiátrica del carácter incurable y definitivo de una enfermedad mental es fiable. Pero, a fin de cuentas, el paciente es la única persona que puede juzgar hasta qué punto un sufrimiento es intolerable y, por eso mismo, qué importancia darle a la posibilidad de que se termine, con o sin tratamiento.

El autor es profesor de bioética en la universidad de Princeton ©Project Syndicate-Los Tiempos 1991-2021