Charisse Phillips sobre Murillo: tendrá que cumplir sentencia en EEUU
La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia explicó en una entrevista con La Razón el sistema legal bajo el que será procesado el exministro de Gobierno Arturo Murillo.
La diplomática recibió a La Razón luego del escándalo desatado por la detención de Murillo en EEUU junto a su exjefe de gabinete y tres empresarios acusados por la compra con sobreprecio de $us 2,3 millones de gases lacrimógenos.
En la entrevista, Phillips explicó el proceso legal que el caso debe seguir en EEUU por presunto lavado de dinero y sobornos.
Al ser consultada sobre el anuncio de extradición de Murillo por parte del Gobierno boliviano, Charisse Phillips dijo: “Sí. No sé mucho del caso, qué tan avanzado está o si habrá más cargos o involucrados, pero sé que están preguntando sobre el ciudadano boliviano que está en Estados Unidos relacionado en este caso. Tendrá que cumplir con cualquier sentencia, sea un año o 20 años (de cárcel), antes de ser extraditado”.
La Encargada de Negocios, además, explicó a La Razón que EEUU combate fuertemente el lavado de dinero, porque no sólo afecta la economía sino que “mata la esperanza”.
“Para el Gobierno de Estados Unidos combatir la corrupción es un tema de seguridad nacional, porque la corrupción mata y también roba la esperanza. Estamos trabajando en todo el mundo para prevenir, investigar y enjuiciar la corrupción internacional”, le dijo al diario.
Agregó: “Tenemos la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), herramienta clave para esta lucha, porque establece consecuencias legales para personas y entidades estadounidenses, así como ciertos ciudadanos no estadounidenses, y está enfocada a los que pagan sobornos a gobiernos extranjeros. Rige desde 1997, hemos tenido casi 700 casos en los cuales hemos usado esta norma para investigar y enjuiciar la corrupción, igual a los que usan, por ejemplo, nuestros bancos para el lavado de dinero”.
La diplomática dijo también que “para eso tenemos el FinCEN (Control de Delitos Financieros), un equipo de 300 investigadores y analistas, una red de inteligencia para la detección, investigación y enjuiciamiento del lavado de dinero nacional e internacional, y otros delitos financieros”.
