EEUU decidirá situación de Murillo en junio; inician trámite de extradición
En medio de una serie de cuestionamientos y presunciones sobre el futuro del exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Lanchipa, anunció ayer que se solicitó la extradición de la exautoridad, luego de que el 12 de enero fuera imputado formalmente por el caso denominado “gases lacrimógenos”. En tanto, la Cancillería espera el trámite para formalizar ante el Departamento de Estado de EEUU.
A la par, a días de conocerse la investigación de la Federal Bureau of Investigation (FBI) sobre soborno y lavado de dinero en EEUU, con sobreprecio de 2,3 millones de dólares en la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC, asambleístas, exautoridades y sectores sociales demandan que Murillo sea juzgado en el país.
“El Ministerio Público inició el proceso de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal, para que la solicitud sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente de acuerdo al artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. También se dispuso la realización de todas las acciones procesales destinadas a la recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”, señaló Lanchipa en rueda de prensa.
Sin embargo, el canciller Mayta indicó que, hasta este momento, no había llegado ningún requerimiento de una autoridad judicial para proceder con la solicitud de extradición.
Anotó que la procedencia o no del pedido depende de EEUU.
Agregó que, dentro de este tema, la Cancillería boliviana estuvo en contacto con las autoridades estadounidenses “a propósito del proceso que se inició y las detenciones respectivas”.
Audiencia y fianza
Por otra parte, se conoció que el miércoles 26 de mayo se realizó la audiencia del exministro Murillo, pero que, por solicitud de su abogada Julia Kefalinos, fue reprogramada para el 7 de junio próximo, oportunidad en la que se definirá la situación de la exautoridad.
En tanto, el abogado Tomas Becker, que lleva el caso de las víctimas de octubre, informó a diferentes medios que los dueños de la empresa intermediaria, Bryan y Luis Berkman, salieron con fianza luego de depositar 850 mil dólares y podrán defenderse en libertad.
Mientras, Rodrigo Méndez (boliviano) y Philip Lichtenfeld (estadounidense) se encuentran con detención preventiva mientras dure el proceso, al igual que Murillo.
Según El Deber, Murillo, con el registro 02358-506, se encuentra en un centro de detención federal de seguridad administrativa de Miami.
Piden sanción para Murillo
A través de sus cuentas de Twitter, la expresidenta Jeanine Áñez y la excanciller Karen Longaric expresaron su indignación por este hecho de corrupción en el que incurrió el exministro de Gobierno Arturo Murillo.
“La corrupción es un tema que nunca acepté en mi gobierno, pero, lastimosamente y como ocurre en todos los Gobiernos, hubo funcionarios que se alejaron de la ética y el mandato que asumimos”, comentó la expresidenta Áñez a través de su cuenta en la red social.
Agrega que estos hechos “tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, porque hacen quedar mal al país”.
Longaric, en tanto, sostiene que estos hechos “traicionaron la gesta heroica” de la movilización ciudadana en rechazó al fraude perpetrado en octubre de 2019.
“Como todos los bolivianos, me siento indignada y apenada por los hechos de corrupción que se dieron en el gobierno transitorio, que traicionan la gesta heroica de los 21 días. Teníamos la obligación de trabajar con transparencia, honestidad y eficiencia en pos de una nueva Bolivia”, manifestó Longaric.
También por su red social, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, señaló que “varias veces observé públicamente su accionar como ministro. La corrupción indigna venga de donde venga. Que se investigue y sancione con debido proceso”.
Cuestionan a la Fiscalía General por su tarea
Tras la detención el exministro Arturo Murillo en Estados Unidos (EEUU), oficialistas y opositores señalaron que la justicia norteamericana le dio “cátedra” a la boliviana en la investigación del caso “gases lacrimógenos”, y aplazaron al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En su mayoría, los asambleístas coincidieron en que el Ministerio Público es inoperante. El hecho también desató críticas contra el partido oficialista, por intentar arrogarse los resultados investigativos en EEUU.
En medio de la ola de reacciones, las indagaciones sobre el caso de la compra de los gases lacrimógenos se activaron en el país, se habla de 23 investigados.
El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Douglas Uzquiano, informó que un total de 23 personas están investigadas por las irregularidades en la adquisición de los agentes químicos y legitimación de ganancias ilícitas, en el cual el principal implicado es el exministro Arturo Murillo.
Señaló que en la investigación por el primer hecho están involucradas 19 personas y por legitimación de ganancias ilícitas, cuatro.
El último aprehendido es el capitán Ivar G., quien habría realizado depósitos a cuentas de Murillo. En la víspera, fue conducido a celdas policiales.
Ayer, la Policía allanó las viviendas en Cochabamba de Murillo, Méndez y del cuñado del exministro.
