Censo 2022 y pacto fiscal

Finalmente se decidió hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre del 2022. Sin duda alguna esta es una buena noticia económica. Los datos que recogerá el Censo son vitales para la planificación y diseño de la política pública. Entre tanto, la primera reacción entre los políticos fue concentrarse en la distribución de recursos económicos y políticos que emergerán de los resultados.

En esta perspectiva se corre el riesgo que este levantamiento de información se convierta en uno más de los campos de batalla de la baja política. Municipios y departamentos en una pelea feroz por recursos, en una confrontación sobre cómo distribuir mejor la pobreza y la baja productividad.

Para que la politiquería no monopolice el tema de los resultados del Censo, se debería relanzar el pacto fiscal. La crisis multidimensional que vivimos requiere un abordaje local, integral y concertado.

Reconstruir la economía desde lo local, desde las necesidades de la gente puede ser un salto cualitativo para el desarrollo con empleos de calidad.

En los últimos meses hemos visto cómo se han cerrados tiendas en nuestros barrios, empresas que han quebrado en los municipios, negocios comerciales que pararon y servicios públicos que mostraron su precariedad.

El desafío es enorme. No debe concentrarse sólo en las políticas macroeconómicas, sino en la reconstrucción del tejido productivo y social con políticas públicas regionales de calidad que emerjan de un pacto fiscal y que se alimenten de los datos de calidad del Censo.

El pacto fiscal puede ser un espacio multiactor para proponer una agenda de políticas concretas y acciones novedosas que superen el patrón económico extractivista y el modelo político populista y rentista vigentes en la actualidad.

El desarrollo local no es excluyente de una propuesta nacional. Más bien la enriquece, la modifica, la acerca a los actores principales, fortalece al Estado, le da dinamismo y, sobre todo, potencia los motores del desarrollo nacional. Proporciona al Gobierno la oportunidad de convertirse en un conductor armónico de la orquesta del bienestar general y no en un mero repartidor de recursos. Agranda al Estado local y revaloriza la acción de los emprendedores locales, pero achica a los políticos populistas.

Visto de esta manera, el desarrollo económico es un proceso de autodescubrimiento para parte de los actores locales, útil para visibilizar la situación de su territorio. Aquí están las necesidades, pero también las ideas de cambio de quien está cerca de la jugada y no en una fortaleza de la plaza Murillo.

El desarrollo local es un laboratorio de investigación donde todos los días se hacen pruebas de ensayo y error para resolver problemas, como la pobreza, la exclusión, la productividad y la competitividad. Esto es particularmente relevante cuando se tiene el desafío de salir de una recesión y las crisis sanitaria, educativa y medioambiental. El éxito de esas tentativas depende de las políticas públicas concertadas en un pacto fiscal y del aprovechamiento productivo del capital social de la localidad.

Los sindicatos independientes, las juntas vecinales, las organizaciones territoriales, las ONG, los comités cívicos, las asociaciones de productores, los comerciantes y gremiales construyen las redes sociales a nivel local. Esas agrupaciones sociales tienen una enorme energía productiva y política. A esa energía llamamos capital social, una red que agrupa a ciudadanos que comparten normas, valores, conocimientos y acción colectiva.

La producción de riqueza de un país depende del capital físico –máquinas, equipos, edificios, tierra–, del capital natural –minerales, gas natural– y del capital humano. El capital social es clave para el desarrollo tecnológico y económico, especialmente local, pero éste no puede estar secuestrado por el poder político.

El capital social es el cemento de cualquier política de desarrollo local y es la base para un pacto fiscal, entendido como un gran mecanismo de concertación entre actores públicos y privados.

La importancia del capital social se hace evidente cuando se verifica que la confianza, la voluntad y las capacidades de cooperar tienen impactos sobre el espíritu emprendedor, la productividad de una economía y la eficiencia y eficacia de las políticas públicas.

El capital social muere cuando es cooptado y manipulado por el Gobierno de turno con prebendas, transferencias de rentas y otras dádivas políticas o financieras. Cuando el capital social se subordina a la lógica del poder desarrolla su vocación rentista.

El desafío como país es crear un capital social que favorezca lo productivo y que no se emplee exclusivamente para defenderse del Estado, o para defender intereses corporativos, o beneficiarse de los recursos del Estado. El capital social no debe estar hiperpartidizado, como en la actualidad; es decir, organizado en corporaciones que junto a sus gobiernos locales sólo buscan intereses particulares y rentas del Estado.

En un contexto de cooptación del capital social, un pacto fiscal puede convertirse en una sociedad de socorros mutuos: yo te doy votos y vos me das plata. Los datos que salgan del Censo no pueden ser instrumentalizados por el rentismo y la vieja politiquería.

El autor es economista