Se agota el gas
El empeño oficialista y gubernamental en reescribir la historia e imponer el embuste del “golpe” para borrar el fraude electoral de 2019 contrasta con la discreción de las acciones que debiera emprender para encarar la situación económica del país, y principalmente del Estado.
Mientras las persecuciones judiciales y callejeras a la oposición son tema cotidiano, las dificultades financieras que se perfilan en el mediano plazo figuran en las declaraciones oficiales sólo cuando los temas son insoslayables.
El caso de las reservas de gas natural que se agotan peligrosamente son un ejemplo de ello.
Bolivia ya no puede abastecer la demanda de gas para cumplir con los contratos de exportación y a la vez satisfacer la demanda interna del energético. Así lo evidencia el pedido que hizo el Ministerio de Hidrocarburos a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para que reduzca su consumo de ese hidrocarburo en sus plantas termoeléctricas en al menos un millón de metros cúbicos diarios.
Esa restricción significa que el país ha entrado en una nueva fase como productor de gas, en la cual ya no podrá disponer libremente de las reservas porque estas apenas alcanzan para cumplir las obligaciones contraídas.
La producción gasífera decrece desde hace años, y, a pesar de esa circunstancia preocupante, continúa la instalación de redes de provisión domiciliaria de gas. Redes que, como van las cosas, podrían ser inútiles en el mediano plazo. Lo mismo que los gasoductos internacionales.
ENDE había sido advertida, en diciembre de 2020, de la necesidad de reducir su consumo de gas, pero el compromiso de disminución que debía comenzar en junio reciente fue incumplido.
El informe técnico de YPFB al respecto es muy contundente: si el sector termoeléctrico continúa con el ritmo actual de consumo de gas, se generará déficits de mayor consideración que incidirán de manera directa en el cumplimiento de entrega al mercado externo. Y eso redundará en menos ingresos para las arcas del Estado.
Es urgente que se emprendan nuevos proyectos de exploración gasífera que, por su elevado costo, requieren de inversiones de grandes empresas extranjeras del sector Y esas empresas invierten donde existen potenciales condiciones de rentabilidad y un clima que ofrezca suficiente seguridad para sus capitales.
Un país con un discurso hostil a la inversión privada, un Gobierno que prioriza una agenda de trabajo politizada y la persecución de opositores, una justicia desacreditada, corrupta y al servicio del poder político, no son las mejores señales que Bolivia lanza a los potenciales inversores.
Así, es pertinente preguntarse cómo pretende enfrentar el Gobierno el agotamiento de las reservas de gas natural.
