La justicia vulnera al menos cinco derechos en el juicio contra Áñez
Tras cumplirse 450 días de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, juristas y activistas ven al menos cinco vulneraciones a los derechos de la exmandataria y los principios de la justicia.
Las vulneraciones son al debido proceso, las garantías constitucionales, derecho a la salud, presunción de inocencia y a la independencia de la justicia en un proceso con altos componentes de injerencia política.
El abogado constitucionalista Cesar Cabrera señaló que en el caso de Áñez se está vulnerando el “derecho a un debido proceso en su elemento natural”, porque no corresponde procesar a la expresidenta por la vía ordinaria.
“Nadie puede ser procesado por casos especiales. En el caso de los expresidentes, hay una ley para presidentes vicepresidentes y dignatarios, ésa debería ser la vía por la que se procese. Al procesarla por la vía ordinaria, la están sometiendo a un juez distinto al que la ley manda”, dijo Cabrera.
Asimismo, detectó que en este caso existe un “alto componente político” porque la fecha de reinstalación del juicio fue señalada por el Ejecutivo y no por el tribunal a cargo de este proceso. “Es una muestra de la injerencia por parte del ejecutivo hacia el órgano judicial, desoyendo a las recomendaciones que hizo el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas, Diego García-Sayán”.
El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, dijo que en Bolivia “la construcción de un sistema de justicia independiente y accesible es un reto fundamental de la sociedad”, en la presentación de su informe preliminar.
Además, aseguró que el Estado es responsable de la integridad física y la salud de los privados de libertad, incluida la situación de la expresidenta.
Respecto a la violación al debido proceso, el abogado defensor de Áñez, Jorge Valda, señaló que esta vulneración “se expresa en las negativas de otorgar cesación de detención preventiva por detención domiciliaria, pese a que la defensa presenta pruebas que desvirtúan los riesgos procesales subjetivos señalados”.
Además: “En el arbitrario desdoblamiento del caso en dos ampliaciones de denuncias presentadas por el Gobierno, pero por los mismos hechos”, señala Valda en un resumen sobre las vulneraciones al debido proceso de la expresidenta.
Del mismo lado, el activista e integrante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales señaló que se están violando las garantías constitucionales de la exmandataria y el principio de la presunción de inocencia de Áñez
“El hecho de que el Gobierno esté presionando para que se dicte una sentencia contra Áñez demuestra que en este proceso hay irregularidades. La vulneración de las garantías constitucionales y la presunción de inocencia son aspectos muy evidentes de la violación a los derechos de la expresidenta”, dijo Morales.
Asimismo, señaló que los presuntos delitos por los cuales se procesa a Jeanine Áñez, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, fueron modificados mediante la ley 1390, promulgada en 2021.
Anteriormente, Valda dijo que se vulneró también el derecho a la salud de la exmandataria cuando se le impidió recibir atención médica en un centro de salud por la hipertensión arterial que tiene desde hace más de cinco años.
“El objetivo es evidente: mantener a Jeanine Áñez en la cárcel a cualquier costo, para lo cual es preciso negarle cualquier hospitalización privada, y asimismo valorarla mediante médicos y establecimientos de salud del Gobierno para dar una imagen ante el mundo que goza de buena salud”, señaló Valda.
Advierten consecuencias para jueces que ven el caso
El abogado César Cabrera señala que la vulneración de los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez puede generar que la afectada presente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría fallar a su favor.
“Hay un tema que podría acarrear graves consecuencias para los jueces que van a resolver este caso. Entiendo que una sala en la ciudad de La Paz ha determinado que la señora Jeanine Áñez debería ser procesada en caso de corte. Esto podría acarrear que la señora Jeanine Áñez, al no estar siendo sometida al juez natural cuando otra sala ha dicho que correspondía hacerlo por esa vía, podría fácilmente terminar en la vía internacional, con responsabilidades para el estado boliviano”, dio Cabrera.
Añadió: “Desde luego, el Estado boliviano tendría que iniciar acciones contra estos jueces que van a resolver el caso, como ha ocurrido con la señora Rebeca Delgado, con graves consecuencias económicas para el Estado, pero eso se traslada hacia el funcionario”.
En 2015, un reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impidió que Delgado sea candidata a la Alcaldía de Cochabamba, cuando ya se encontraba en campaña para las elecciones subnacionales y marchaba primera en las encuestas.
La corte ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.
Juicio de responsabilidades
Suman voces que señalan que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser procesada mediante un juicio de responsabilidades y no así mediante la vía ordinaria.
El abogado constitucionalista César Cabrera señaló: “Si hacemos una interpretación literal o gramatical de la ley de procesamiento del presidente y altos dignatarios, dice que se aplica al presidente o expresidentes, no determina si los presidentes a los que se vaya a juzgar son presidentes de facto (como dicen los del Gobierno) o de derecho, no discrimina”.
Anteriormente, el abogado Marco Antonio Baldivieso señaló que Áñez merece ser sometida a un juicio de responsabilidades, porque ha ejercido la Presidencia.
