Ven que acusaciones contra Áñez no son fundamentadas; son forzadas
Las acusaciones contra la expresidenta Jeanine Áñez y otros imputados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes carecen de fundamentos jurídicos y están forzados con el objetivo de buscar sanciones duras contra los opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS), según abogados penalistas. Similar situación se presentaría en el proceso contra miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
“Los delitos en que presumiblemente incurrieron la exmandataria y los exjefes militares no se han cometido, pero el Ministerio Público presenta argumentos para sustentar y no fundamentos con elementos probatorios, que es lo que se evalúa en un juicio público”, señaló el abogado penalista Ramiro Cárdenas.
En tanto, el abogado Eusebio Vera sostiene que en este proceso contra Áñez no se han visto elementos probatorios pese a diferentes testigos que presentó la parte acusadora.
“La producción de pruebas no condice con los argumentos que han referido el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, no son corroborables, no son fundamentos de manera probatoria”, afirma.
Irregular
Vera explicó que durante el juicio a Áñez se ha intentado introducir pruebas “que no han sido debidamente judicializadas”.
“Introducir elementos probatorios que estaban insertos en algún medio magnético no refleja lo ofrecido a la justicia como prueba, no son elementos de prueba”.
El abogado Omar Durán, también penalista, explicó que se “ve un extremo abusivo donde se nota la claridad de la injerencia política contra un órgano del Estado, que es el Judicial, al igual que en el Ministerio Público”.
“La Fiscalía está dirigida por el señor Iván Lima, ministro de Justicia, que presiona con tiempos y otros aspectos”, dijo.
Resistencia Juvenil
En esta seguidilla de procesos, se abre uno contra personas relacionadas con la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ) por daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Sucre.
Estos daños consisten en el pintarrajeado con aerosol de la fachada, rotura de vidrios y zócalos de piedra dañados.
Por este hecho, la Fiscalía en su imputación pide una pena de 20 años de cárcel para los líderes de la RJC identificados como Yassir Molina, quien guarda detención preventiva en el penal de Cantumarca; los hermanos Fabio Alejandro y Mario Antonio Bascopé Revuelta, recluidos en la cárcel de San Roque, en la ciudad de Sucre, y Milena Soto López, con detención domiciliaria en Cochabamba.
Estos habrían dado instrucciones para que “su gente” actúe con violencia contra los bienes de la FGE.
Por esta situación son procesados por los delitos de “organización criminal con relación al delito de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, fabricación, tenencia y portación ilícita, de armas y atentado contra bienes públicos, (por) impedir y estorbar el ejercicio de funciones y daño calificado”.
El Gobierno usa a la Fiscalía para acusar
El diputado y abogado Marcelo Pedrazas dijo que, en tanto no se tenga una justicia independiente, ésta será utilizada de forma discrecional en la determinación de delitos e imposición de penas a pedido del poder político.
“Ellos toman la justicia y la cooptan para perseguir a la oposición y, a partir de ese sometimiento que existe por parte de la justicia al Ejecutivo, logran sus objetivos de generar un gobierno autocrático, donde a la oposición se la judicializa, se la castiga y no permite que tenga representación por tener procesos a partir de casos y sentencias que se construyen en el Ejecutivo”, señaló.
Las peticiones de proceso y sentencias se materializan a través de la Fiscalía, la Fiscalía General, que además está siendo manejada por un amigo de Evo Morales, Juan Lanchipa.
“Estos pedidos descabellados de afines al MAS se materializan con una Fiscalía secuestrada”, agregó.
