Denuncias de corrupción sobre guerreros digitales sacan casos que quedan impunes
El uso de recursos económicos de manera dudosa por parte de funcionarios públicos en diferentes periodos gubernamentales queda en la impunidad, aspecto que reflota debido al último escándalo de financiamiento a los guerreros digitales para crear cuentas digitales y atacar a la oposición, y presuntamente a la alta dirigencia del MAS, según analistas y políticos de la oposición.
Uno de los casos más grandes fue el denominado Fondioc, obras fantasmas, que significó una pérdida de millones de dólares y cuyo daño no fue resarcido.
Se encarceló a algunas exautoridades, pero a la fecha no se tiene sentenciados; por el contrario, este caso se cobró la vida del principal denunciante, es decir, quien denunció la corrupción, Marco Antonio Aramayo, exdirector de la institución, detenido desde 2015 a 2022, año en que falleció, y que tuvo que soportar 256 procesos que le abrieron.
Otro caso que queda en la impunidad es el denominado “barcazas chinas”, que a la fecha no llegaron al país, por lo que el país erogó más de 28 millones de dólares.
Se sabe que se dictó condena de entre 12 y nueve años de prisión a los principales acusados en el caso, pero no se recuperaron los recursos económicos y tampoco llegaron las barcazas.
Guerreros digitales
En el nuevo escándalo de los guerreros digitales, en el que presumiblemente se utilizó dinero del Estado para gestionar cuentas falsas en redes sociales, se estiman gastos por más de un millón de dólares.
Desde el ala dura del MAS, llamados conservadores o evistas, se denuncia una estructura de guerreros a los que llaman mercenarios digitales, por los ataques a la dirigencia masista.
Ahora, exministros de Evo Morales, Carlos Romero y Teresa Morales, pidieron que funcionarios renuncien a su secreto bancario.
“Hemos hecho una gráfica que nos explica un presumible modus operandi de esta acción que nos plantearía hipotéticamente que recursos públicos estén siendo usados de forma irregular en la financiación en plataformas digitales”, sostuvo Romero en conferencia de prensa.
Aunque no se precisó un número exacto de funcionarios, se dijo que hay muchos comprometidos en estas actividades que son ilegales, y que estas personas incurren en los presuntos delitos de “uso indebido de bienes del Estado, daño económico al Estado”.
Piden informes a obras Públicas y Comunicación
Los senadores de Creemos Centa Rek y Henry Montero presentaron dos peticiones de informe escrito dirigidas al Ministerio de Obras Públicas (Entel Dinámica) y al Viceministerio de Comunicación para conocer los gastos que realiza el Gobierno en publicidad en redes sociales y las empresas que intermedian y operan para este cometido.
“Estamos pidiendo una información exhaustiva en este sentido; los montos de lo contratos, de qué manera se trabaja”, informó Rek.
