Normalización de la violencia interciudadana

En las últimas semanas se han multiplicado episodios de ataques de grupos de personas a políticas(os) y/o periodistas, visibilizando la creciente violencia interciudadana que caracteriza al país. A propósito, vale presentar algunos datos.

Un monitoreo de prensa en cuatro periódicos importantes permite identificar, desde enero 2020 hasta la fecha, por lo menos (los divulgados) 138 eventos de violencia perpetuados por “turbas sociales” que asumen las tareas de arremeter contra individuos, hombres y mujeres, que piensan o actúan diferente. A ello se puede añadir 68 sucesos de agresiones a periodistas o personeros de salud perpetuados por distintos “grupos de choque”.

Comparando por años se nota un incremento de esta tendencia en el tiempo. Si en 2020 (año como todos sabemos, de grandes conflictos, resabio de los acontecimientos de fines d 2019 entremezclados con las medidas sanitarias), se registraron 18 episodios, en lo que va del año (2023), ya contamos con 22.

Analizando (en declaraciones, columnas y redes sociales) las reacciones frente a los mismos, pareciera que en este río revuelto no falta la competencia por “poseer” un número más grande de “víctimas” agredidas —mejor si son mujeres y jóvenes. Se da entonces, un proceso de “apropiación” de las mismas —ni que trofeos— por los(as) simpatizantes de uno y otro lado político, que sirve de alimento para engrosar el odio hacia el considerado “otro(a)”, aquel(lla) que es visto(a) como una “agresión” –“amenaza”, que hay que enfrentar de manera violenta.

En una encuesta sobre violencias sociales en tiempos de pandemia, levantada en diciembre 2022 entre 1.600 personas de la región metropolitana de Cochabamba, se preguntó, utilizando una escala de ‘1 (nada de acuerdo)’ al ‘7 (muy de acuerdo)’, “Cuán de acuerdo está con la frase: ‘Tengo derecho a recurrir a la violencia cuando me siento amenazado o inseguro”; la respuesta es contundente: 69,4% tiende a estar de acuerdo (un 22,3% manifiesta estar ‘muy de acuerdo’, por encima del 3 en la escala). Al mismo tiempo, 68% de los encuestados responden que la agresividad entre los ciudadanos se ha incrementado en el tiempo en los diferentes espacios públicos, añadiendo, en 31% de los casos, que ello se debe a la política.

Este rápido pantallazo parece mostrar que la creciente penetración de la ‘sociedad política’ en la ‘civil’ —no es casual que dirigentes de partidos políticos quieran ser los líderes, de manera agresiva, de las otrora autónomas organizaciones sociales, llámese Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) u organización territorial de base (OTB)— está produciendo una normalización de las interrelaciones ciudadanas violentas: el(la) “otro(a)” diferente es considerado(a) una “amenaza”. La idea de una convivencia “pluri”, no es más que un eslogan propagandístico político absolutamente vacío de contenido.

Y en este marco normalizado de violencias interciudadanas —en el que además se cruzan, como efecto de la crisis institucional y la económica, intereses de toda índole (incluyendo a aquellos que devienen de grupos vinculados a las economías ilícitas: narcotráfico, contrabando, avasallamiento de tierras, principalmente)— los líderes políticos ‘radicales’ empiezan a tener mayor acogida: cuánto menos conciliador es el dirigente y más tiende a la confrontación, mayor respaldo recibe (de uno u otro lado) generando nuevos círculos de violencia, en los que, queda cada vez menos claro, quiénes —los políticos o los ciudadanos— alimentan a quiénes…