¿Ideas? No, gracias
Con el ceño fruncido y actitud de celoso servidor público, el Gobierno informó que ha logrado identificar y detener a un “sujeto” que estaba vendido gasolina en 10 bolivianos el litro.
La ciudadanía, entretanto, angustiada por la situación, se ha lanzado a una verdadera tormenta de ideas, suponiendo (bien) que el Gobierno no las tiene.
Los empresarios han identificado siete trabas que están bloqueando la economía además de los narcomilicianos del Chapare que cortan las carreteras.
Y el IBCE propone cinco formas de acabar con esta era del hielo de las finanzas y todos aportan ideas.
Los empresarios proponen que el Código Penal sea modificado de tal manera que quien cometa el delito de cortar una carretera sea llevado a la cárcel por siete años.
Pero el Gobierno está en otra cosa. Tiene otras prioridades. Además, los bloqueos de carreteras están en el ADN del MAS, y condenarlos sería como maldecir a su propia madre.
Las prioridades del Gobierno nada tienen que ver con la crisis económica ni con el corralito que se aplica en el sistema bancario para los ahorristas que tienen divisas extranjeras.
Sus prioridades son pocas: Número uno, garantizar que se mantenga el esquema del fraude electoral, dando por descontado (esta es la prioridad número dos) que el cocalero sea inhabilitado para 2025. Eso es todo.
La situación económica del país, y el país todo, importan un rábano al Gobierno, igual que los votos que podrían emitir los ciudadanos en 2025 estando asegurado el fraude.
El propio cocalero ha dicho que si Luis Arce llegara a ser candidato, perdería, incluso si fuera como candidato del MAS. Y que, sin el fraude, olvidó decir, él mismo perdería.
El instinto totalitario lleva al Gobierno a detener a una persona que, convencida de que en Bolivia hay libre empresa, estaba vendiendo gasolina en 10 bolivianos el litro.
Y dice que va a la caza de quienes proveen de dólares al mercado paralelo, donde la cotización llegó en estos días a 9 bolivianos el dólar.
A los comerciantes que vendieron la carne de pollo en un precio mayor al de diciembre, el Gobierno no los ha llevado a la cárcel, todavía.
Con el criterio que aplica contra el revendedor de gasolina, se tendría que llevar a la cárcel a los funcionarios del Gobierno que compran gasolina en el exterior en precios más altos porque, según denuncia Carlos Romero, van a obtener mayores comisiones.
Romero dice que los hijos de Arce participan en esos negocios.
—¿Ideas, señor Gobierno?
—No, gracias.
Columnas de HUMBERTO VACAFLOR GANAM
