¿Qué impide a Bolivia prohibir el matrimonio infantil?

En Bolivia, una norma que fijaría en 18 años sin excepciones la edad mínima para matrimonios y uniones de hecho se trató en el Senado.

Cada año, 15 millones de niñas se casan o unen en el mundo antes de cumplir 18 años. Seis millones de ellas son latinoamericanas. En Bolivia, "la situación es alarmante", asegura a DW Miguel Becerra, asesor nacional de género de la organización Plan International en el país.

Desde 2014, se han registrado más de 6.000 matrimonios y uniones infantiles forzadas en Bolivia que implican a adolescentes de 16 y 17 años, según datos de la Defensoría del Pueblo y el Servicio de Registro Cívico (Serecí).

Además, un estudio, realizado por la Coordinadora de la Mujer y Save the Children en 2021, da cuenta de más de 32.000 adolescentes casadas o unidas incluso antes de los 15 años.

Subregistro, invisibilización y naturalización

La mayoría de estas uniones involucran a adolescentes con hombres adultos que les duplican o triplican la edad. Y aunque las cifras disminuyen por año, esto habla más bien de una falta de registro, advierte a DW Nidya Pesántez, representante de ONU Mujeres en Bolivia.

El vacío legal en torno a las uniones no registradas las "invisibiliza o, peor aún, las naturaliza", confirma a DW la oficina de Save the Children en Bolivia, que aboga por prohibirlas sin excepciones. El problema no es solo la definición de la edad mínima, sino también la falta de regulación en torno a las uniones de hecho con niñas y adolescentes, que constituyen "uniones forzadas", insiste Save the Children.

Un proyecto de ley

En Bolivia, la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años, pero el Código de las Familias (o Ley 603 de 2014) los avala a partir de los 16, previa autorización de padres, tutores o incluso de las Defensorías de la Niñez. La senadora Virginia Velasco, del oficialista MAS, quiere cambiar esto.

Propone elevar la edad mínima a 18 años sin excepciones y promover una estrategia de prevención y difusión sobre los efectos negativos del matrimonio infantil. Si lo logra, Bolivia se uniría a otros 15 países de América Latina y el Caribe que han aprobado leyes similares en la última década.

Sin embargo, el proyecto de ley de Velasco enfrenta resistencia en el Senado. "La norma no habla de prohibir, sino de no reconocer", precisa Pesántez, de ONU Mujeres. Pero esto tendría implicaciones económicas: impediría aplicar el derecho de familia a estas uniones e invalidaría razones financieras (herencias, por ejemplo) por las que parte de las familias y la sociedad boliviana las acepta, explica

¿Por qué se traba la propuesta?

Las uniones tempranas en Bolivia "están fuertemente arraigadas en normas culturales y de género que históricamente han condicionado el rol de la mujer. En muchas comunidades, las niñas son vistas como futuras esposas y madres, con una responsabilidad centrada en el hogar y el cuidado familiar", explica Becerra, de Plan International.

Pesántez describe un "alto nivel de machismo", que naturaliza que las adolescentes pueden casarse si están "en edad de tener hijos". A eso se suman uniones forzadas para ocultar abusos sexuales y embarazos adolescentes, o para transferir la responsabilidad económica de la niña a otro adulto, coinciden los expertos. Y mencionan casos documentados de niñas cambiadas por bienes como ganado o terrenos.

Además, en el Senado boliviano se ha argumentado que casarse a los 16 años es un derecho comparable al derecho al voto a los 16 años y al trabajo a los 14, también vigentes en Bolivia. "Una mala comprensión de los derechos humanos", porque un derecho humano debe contribuir al ejercicio de otros derechos y no limitarlos, sostiene Pesántez.

"El problema es gravísimo", indica la representante de ONU Mujeres en Bolivia. Y destaca dos factores esenciales para el sostenimiento y la profundización de la violencia contra las mujeres: las uniones a temprana edad y los bajos niveles de instrucción. Como una serpiente que se muerde la cola, "las uniones a temprana edad son un elemento que impacta en los bajos niveles de instrucción", resume.

En el Senado boliviano, se ha esgrimido también el ejemplo individual de una senadora casada a temprana edad a la que le fue "bien". Pero, contra esa autorreferencia, los datos muestran otra realidad: las adolescentes casadas a temprana edad corren mayor riesgo de sufrir violencia y vivir en pobreza, con menor acceso a la educación y a trabajos bien remunerados, asegura Pesántez.

Legislar, prevenir, educar

"Existe una falta de comprensión sobre el impacto real de los matrimonios infantiles, lo que impide reconocer que esta práctica no es una cuestión cultural, sino una forma de violencia que perpetúa ciclos de abuso, embarazos adolescentes y limita el futuro de miles de niñas", observa Becerra, de Plan International en Bolivia.

Por ahora, el debate de la nueva norma se ha retrasado en el Senado, para evitar su inminente rechazo. Plan International participa, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en mesas técnicas de trabajo con los legisladores, para brindarles evidencias sobre "la gravedad del problema y la urgencia de avanzar con medidas que protejan los derechos de niñas y adolescentes", confirma su experto a DW.

Entre estas medidas, además del cambio legislativo, expertos y organizaciones subrayan la necesidad de seguir trabajando con un enfoque integral que incluya la investigación del tema, campañas de sensibilización para el cambio de estereotipos, mecanismos de prevención, atención y protección de víctimas, educación integral en sexualidad y hasta recursos económicos en los presupuestos municipales para cerrar brechas de género.

"Una sociedad que no vela por el bienestar pleno e integral de sus niños, niñas, adolescentes", insiste la representante de ONU Mujeres en Bolivia, "es una sociedad que no puede desarrollarse".