Rebaja del IVA al 10% y la factura electrónica

La mayoría de los programas de gobierno recientemente presentados ante el Órgano Electoral Plurinacional por los partidos y alianzas plantean la reducción de impuestos y del gasto público como respuesta a la crisis económica. Sin embargo, resulta llamativo que el partido oficialista MAS evite por completo abordar el tema tributario. Esta omisión sugiere que el actual sistema tributarios, lejos de ser neutro, se ha convertido en una herramienta que favorece la gestión gubernamental.

En este contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ha implementado el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), diseñado para modernizar el sistema de recaudación y control fiscal. No obstante, en la práctica, el SIAT se ha convertido en un obstáculo más que en una solución. Con constantes fallos técnicos, interrupciones y prórrogas, su funcionamiento es defectuoso. Lejos de promover el cumplimiento tributario, ha abierto grietas por donde se filtran evasores y defraudadores, especialmente en el proceso de transición hacia la facturación electrónica y la eliminación definitiva de la factura manual.

El mal funcionamiento del SIAT ha provocado un desgaste importante en los contribuyentes, pero especialmente en los contadores y auditores, quienes deben batallar a diario con la incertidumbre y el estrés que genera un sistema que no cumple con los estándares mínimos de fiabilidad y estabilidad. A esto se suma una práctica cada vez más extendida entre comerciantes y prestadores de servicios que es la no emisión de facturas alegando que “el sistema no funciona”. Algunos incluso piden correos electrónicos para enviar la factura más tarde, lo cual rara vez ocurre. La mayoría de los usuarios desconoce que, en estos casos, existe la obligación de emitir una factura de contingencia con el mismo valor legal.

Este escenario está afectando negativamente la recaudación tributaria. La caída en la emisión de facturas electrónicas en sectores obligados es una señal clara de que algo no funciona como debería. Además, el desinterés de muchos consumidores en exigir facturas ya sea por dejadez, desconocimiento o desconfianza, también alimenta este círculo vicioso. Si queremos frenar esta práctica oscura, es imprescindible que se imponga formalmente la obligación del comprador de exigir factura, independientemente del medio por el cual se emita.

Resulta contradictorio que, a pesar de este panorama, los comunicados oficiales del SIN insistan en que las recaudaciones van en aumento. Esta narrativa, más propagandística que técnica, esconde la realidad incómoda de que las cifras de recaudación podrían ser mucho mayores si se conociera el nivel real de facturación, especialmente de los grandes contribuyentes, en comparación con el resto de los sectores.

En tiempos de crisis, muchos ciudadanos negocian precios más bajos a cambio de no exigir factura, lo que erosiona la base del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta situación solo puede revertirse con medidas claras y consistentes. Por un lado, es fundamental que se establezcan sanciones ejemplares no solo para quienes no emiten facturas, sino también para quienes no las exigen. El deber de exigir una factura debe ser legalmente exigible y respaldado por un sistema de incentivos claros, definidos claramente en la Ley Nº 843.

Una propuesta viable sería vincular este deber de facturar al derecho al crédito fiscal, incluyendo la devolución parcial del IVA en efectivo (RE IVA). Este mecanismo, que ya ha demostrado cierto éxito, podría ampliarse para fomentar una cultura tributaria más sólida. Incluso si el ciudadano renuncia a la devolución, la posibilidad de acceder a ese beneficio puede motivarlo a exigir factura.

Asimismo, una reducción de la alícuota del IVA al 10% podría incentivar tanto a vendedores como a compradores. Para los primeros, emitir factura dejaría de percibirse como una pérdida, y para los segundos, exigirla representaría un derecho con valor tangible. Esta medida, acompañada de un régimen de sanciones compartidas para quienes negocien la factura, sería un paso hacia un sistema tributario más equitativo y transparente.

En definitiva, el combate a la defraudación tributaria no puede centrarse únicamente en los grandes contribuyentes ni en sofisticados sistemas tecnológicos que al final no funcionan. Es necesario construir una cultura de cumplimiento que involucre activamente a todos los actores, tanto al Estado, los empresarios y los ciudadanos. Solo así se logrará que la factura deje de ser un objeto de negociación y vuelva a ser el documento que da fe de una transacción lícita y transparente.

El autor es abogado