“Capitalismo popular”: buena idea y abusos retóricos

Durante años, desde esta columna nos referimos a la necesidad de desarrollar en Bolivia un proyecto de “capitalismo popular”, entendido como un camino para facilitar la formalización de los sectores periféricos, que representan un 70 a 80% de la economía nacional.

Esto, aplicando los análisis de investigadores como Hernando de Soto y Enrique Ghersi, quienes han demostrado que la informalidad tiene sus costos ocultos (adscripción forzosa a sindicatos monopólicos, extorsión burocrática, etc.) y que las políticas públicas deben buscar que el precio de la formalización sea menor a ese otro costo escondido.

Sobre esta base, se puede procurar atraer hacia la “economía blanca” (formal) a la “economía gris” (que tiene algún grado mínimo de semiformalización) y segmentos de la “economía negra” (completamente informal, pero sin daño directo a terceros), dejando aislada a la “economía roja” (actividades criminales).

La nomenclatura de esas cuatro economías pertenece a Samuel Konkin, teórico libertario estadounidense. Ahora, en esta campaña electoral del 2025, el término “capitalismo popular” ha gozado de difusión, aunque con cierto abuso retórico para amparar medidas que no tienen la racionalidad planteada en el párrafo anterior.

Por ejemplo, la propuesta inicial lanzada por Paz para nacionalizar los “autos chutos” parece ser más bien una vía expresa para pasar de la economía roja a la blanca. Más filtros y prevenciones aparecen en la propuesta reciente esbozada por Quiroga.

Ante todo, un proyecto serio de “capitalismo popular” debe facilitarles la propiedad a sectores que han tenido una dificultad de acceso a la misma, muchas veces por trabas jurídicas paternalistas, como es el caso de los pequeños productores agropecuarios, con “propiedades” inembargables (en realidad, usufructos), que no les permiten una conexión más amplia con el financiamiento bancario.

Igualmente, la titulación individual a los indígenas que quieran optar por esa modalidad dentro de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) debería ser un derecho, por más que esto pueda sonar herético para algunas mentalidades colectivistas.

Podríamos multiplicar los ejemplos, pero lo fundamental es que no se deje capturar el término y el concepto de “capitalismo popular” por quienes simplemente buscan reciclar el mismo Estado burocrático que expulsa a los pequeños emprendedores a la informalidad.

En cualquier caso, esta buena idea, de la que se está haciendo abuso retórico, brinda la oportunidad de discutir reformas de fondo en medio del ruido, la demagogia y la teatralidad de esta segunda vuelta, que puede definir el ciclo político de Bolivia para los próximos 15 o 20 años.

El autor es escritor y analista político