Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley antibloqueos
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que garantiza la libre transitabilidad y la protección del pueblo boliviano frente a los bloqueos de carreteras.
La propuesta legislativa establece penas de tres a ocho años de privación de libertad para quienes obstruyan las vías de manera dolosa.
“Al haberse considerado en su integridad el proyecto de ley, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General, queda aprobado tanto en su estación en grande como en detalle. Señor secretario técnico, remita a la Cámara de Diputados el presente proyecto de ley”, señaló el diputado Manolo Rojas, presidente de dicha comisión.
10 propuesta unificadas
La iniciativa legislativa consta de 28 artículos y es resultado de la unificación de diez propuestas normativas referidas a la prevención de los bloqueos. El diputado Omar Muriel Vásquez manifestó que el proyecto de ley “es mucho más completo y refleja mayor amplitud y responsabilidad”.
El proyecto de ley establece un régimen penal que determina penas de tres a seis años de privación de libertad cuando los bloqueos afecten servicios de emergencia, salud, abastecimiento, evacuación, infraestructura o actividades laborales. La pena será de ocho años de privación de libertad cuando se registre el uso de violencia o armas, destrucción de infraestructura o cobros.
Por otro lado, determina que la Policía Boliviana, el Ministerio Público y las instituciones públicas competentes deberán incorporar programas de capacitación en gestión de conflictos, derechos humanos, libre transitabilidad, derecho al trabajo, investigación penal y uso legítimo de la fuerza.
En sus disposiciones transitorias, establece que el Órgano Ejecutivo deberá adecuar, en un plazo de 60 días calendario, los protocolos necesarios relacionados con la prevención y el diálogo, el tránsito de los servicios de emergencia, el abastecimiento indispensable, la protección del derecho al trabajo, la advertencia y el ‘desescalamiento’, el restablecimiento de la circulación, la documentación de los operativos, y el uso proporcional de la fuerza.
