Las listas del oprobio
La divulgación de las listas –dos en menos de un mes– de bolivianos prohibidos de ingresar a Estados Unidos tiene un efecto que trasciende la simple imposibilidad de viajar a ese país para quienes figuran en esas nóminas y para “sus familiares directos”.
El impacto de esa restricción se manifiesta con un efecto similar a la actitud oficial imperante en los siglos XII y XIII en Europa con “quienes padecían lepra (…) enfermedad maldita, símbolo del pecado”, nos recuerda un artículo de la página web del Ministerio de Cultura de España.
Y el efecto de la divulgación de nombres y cargos de los vetados de ingreso a EEUU podría asimilarse al de la obligación de aquellos apestados medievales que “tenían que colgarse una campana o vestirse de un color en particular, algo que los distinguiera a ojos de todos rápidamente. Una cláusula testamentaria común en la época demuestra el profundo desprecio y temor que provocaba este mal: ‘que quienes no cumplan esta voluntad sean destrozados por la lepra”.
Así, los líderes de una organización política a la que pertenece un diputado incluido en la última lista publicada por el Departamento de Estado de EEUU, exigen, por escrito, “que se (lo) separe de la Cámara (Baja)”.
Y los vocales del Tribunal Departamental de Justicia cruceño se apresuraron a reemplazar a su presidente dimisionario cuyo nombre está en la última lista del oprobio.
Oprobio, porque quienes están incluidos en esas nóminas son personas “que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”, indica la publicación de la instancia gubernamental responsable de la política exterior de EEUU.
El Gobierno de ese país rechaza recibir en su territorio a quienes considera corruptos o narcotraficantes porque así “apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”.
Y lo hace en el ejercicio pleno y estricto de su soberanía: no recibir a quienes considera indignos, o peligrosos, una atribución respaldada por el derecho internacional.
La ignorancia de ese aspecto preciso, evidente en las declaraciones de algunas personalidades incluidas en las listas publicadas –o interesadas en amplificar el impacto de la restricción–, pone de manifiesto otro de los efectos de la decisión del Departamento de Estado estadounidense: la falta de conocimientos mínimos sobre el derecho internacional, lamentable cuando se trata, como es el caso, de autoridades electas.
Y el efecto más trascendental de la publicación de esas listas, especialmente de la última, es la presencia en la actual administración estatal nacional de personajes dignos del rechazo de EEUU por los motivos que justifican su decisión.
