La cumbre judicial

Desde que el presidente Evo Morales lo anunció, ya todos sabemos que se realizará una cumbre judicial en abril de este año. Quizás, la iniciativa y el anuncio debió provenir de la cabeza del Órgano Judicial, como señal de independencia pero, aparentemente, nunca fue capaz de buscar soluciones a sus propios problemas. Precisamente, la cumbre judicial tiene el propósito de poner en evidencia los problemas que agobian al Órgano Judicial, analizarlos e intentar solucionarlos.

No cabe duda que la iniciativa del presidente Evo Morales tiene trascendental importancia, porque es evidente que el Órgano Judicial adolece de problemas espantosos, que requieren de soluciones de enorme dimensión. Sin embargo, la propuesta de una cumbre judicial no es ninguna novedad y, tampoco que las cumbres judiciales anteriores no lograron resolver los problemas más serios del Órgano Judicial.  De cualquier modo, aunque el evento no sea nada novedoso, tendría que realizarse, por la urgencia que existe en corregir los errores de la administración de justicia. Y ojalá, las soluciones que aporte sean inmediatamente ejecutadas.

Quizás, el vicepresidente Álvaro García Linera es el funcionario de Gobierno que con más vehemencia ha puesto en evidencia algunos de los problemas del Órgano Judicial; de hecho, su crítica es implacable.

Ha dicho que la justicia en Bolivia es corrupta, está podrida y apesta. Según su visión, la mejor solución es poner a los jueces y fiscales en la cárcel. Ciertamente, no es posible ocultar que dentro del Órgano Judicial existen recurrentes dificultades que se han profundizado durante el Gobierno actual. Asimismo, es imposible ignorar que se cometen actos de corrupción, como el conocido caso del Juez Marcelo Barrientos.

Pero, seguramente, también existen jueces y juezas de vocación que sufren la penosa situación del Órgano Judicial y se sienten ofendidos con las palabras del Vicepresidente; porque si bien la justicia tiene serios problemas, muchos de ellos son estructurales y no son directa responsabilidad de los jueces y las juezas. De hecho, los buenos administradores de justicia vienen a ser víctimas de tales problemas estructurales. En este sentido, no concuerdo con el Vicepresidente en que la solución es poner a los jueces y fiscales en la cárcel.

En principio, habría que reconocer que muchos de los problemas que soporta el Órgano Judicial están determinados por causas que escapan a la voluntad de los administradores de justicia. De alguna manera, el Vicepresidente, a pesar de su crítica ácida, reconoce esta situación, cuando señala que el Gobierno se equivocó al promover la elección de magistrados y magistradas del Órgano Judicial mediante voto ciudadano.

Lo que García Linera dice es cierto y revela una culpa propia; pero, a la vez, lo que dice es muy extraño. No es fácil entender por qué el Gobierno no le dio prioridad a los problemas de la administración de justicia, si ésta era una tarea esencial que formaba parte de su programa de gestión. Y la cuestión es aún más extraña, si se considera que la desatención del Gobierno se remonta a 2006; es decir, se prolongó durante nueve largos años. De este modo, se explica mejor, por qué el Órgano Judicial muestra un aspecto tan deplorable. No quiero pensar que el Gobierno propició este resultado.

Entonces, las complicaciones del Órgano Judicial constituyen una responsabilidad compartida. Por esta razón,  todos (Órgano Judicial, Ejecutivo y Legislativo), junto a las organizaciones de la sociedad, comprometidas con el quehacer jurídico, como los Colegios de Abogados y las universidades (públicas y privadas) deben buscar en la cumbre judicial las soluciones más acertadas para resolver los más graves problemas de las administración de justicia.  De momento, no nos queda otra opción, sino depositar nuestra confianza en esos jueces y juezas de vocación, que trabajan incansablemente para intentar hacer justicia y tener sus despachos al día.

El autor es abogado, docente universitario y expresidente de la Sala Penal de la  Corte Superior de Justicia.