Un pacto político empresarial tras los incendios cruceños
Fuegos incontrolables ya devoraron más de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos y chaqueños, según los informes de la Gobernación de Santa Cruz. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha salido con su propia cuenta y aseguró que se quemaron más de 36.870 hectáreas y que los fuegos están controlados. Como sea, las dimensiones no resultan nada modestas. Baste considerar que esas 36.870 hectáreas equivalen a la extensión que ocuparían más de 26 mil campos de fútbol colmados de vida. La tragedia anual se repite por enésimo año como si no tuviese consecuencias ambientales, sociales, económicas, y como si no tuviese culpables.
Cientos de bomberos y voluntarios trabajan incansablemente contra el monstruo del fuego sin lograr el objetivo. Pero es que detrás de las llamas parece haber pactos motivados por intereses meramente económicos que no les importa matar el hábitat de miles de vidas. Bolivia es el octavo país del mundo con mayor biodiversidad, pero al parecer otros desean que esto acabe.
“Le advertimos a la ABT, le dijimos que se estaba desatando un desastre —dice Eder Santivañez, coordinador del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca—. Y eso es lo que ha sido. Entre Roboré y Camen Rivero Torrez, el fuego se ha vuelto incontrolable tomando en cuenta los recursos y protocolos que se están aplicando. No es controlable con lo que se está haciendo, no se hacen barridos completos. Lo filmamos con drones y es un desastre. Se ve a ambos lados de la carretera bioceánica kilómetros y kilómetros de bosques quemados. Cuando en alguna sección el fuego es controlado en cualquier momento los vientos cambian y vuelven a reavivar las llamas”.
Pese a sus alertas lanzadas ya desde abril, las movilizaciones de junio y las denuncias de julio, no obtuvieron respuestas de ninguna autoridad. Es más, la ABT amplió a todo julio las autorizaciones para las quemas, pese a que concluían un mes antes.
Santivañez y otros activistas coinciden en una conclusión frente a los hechos: “Advertimos tanto en el Gobierno central como en el departamental un desinterés en apagar los incendios. No quieren tomar medidas a la altura de la situación, hay un evidente descuido. Esto tiene un trasfondo: se busca ampliar la frontera agrícola con el fin de multiplicar las actividades extractivas”.
Una evaluación de la Fundación Solón, basada en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), lanza urgentes alertas sobre los fuegos de este año. El reporte señala que junio ha sido el mes con más focos de calor de la última década en Bolivia. La diferencia en relación a los anteriores años guarda proporciones geométricas. Mientras el actual junio registra 23 mil focos de calor, el de 2019 (año de los mayores incendios) llegó a 13 mil. En 2018 hubo 7.500 y en 2017, menos de 2.500.
“Los bosques que más se han quemado en este primer semestre han sido chiquitano y chaqueño —dice la evaluación—. En junio de este año el bosque chiquitano se ha quemado ocho veces más que en junio de 2020 y casi cuatro veces más que en junio de 2019. El 83 por ciento de los focos de calor de junio se han concentrado en Santa Cruz. Más de la mitad del territorio se encuentra en riesgo de incendios forestales debido a las condiciones climáticas. La situación es extremadamente preocupante y existe el serio peligro de que se produzca un nuevo ecocidio”.
incendios_incendiosbomberos.jpg
En el top ten deforestador
La sorprendente piromanía sobre los bosques bolivianos parece no ceder en su afán de batir marcas pese a los graves antecedentes de años recientes. Según el mapa de Global Forest Watch, Bolivia ocupó el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica entre los países que más bosques primarios perdieron en el 2019. En 2020, se ubicó octavo y otra vez segundo, respectivamente. La superficie arrasada en 2019 es mayor a las de países como Suiza o Dinamarca, equivalente a Costa Rica y algo menor que Croacia. Curiosamente, tanto Costa Rica como Croacia reciben abundantes ingresos por los servicios y negocios que han desarrollado gracias a la preservación de sus bosques.
Paradójicamente, en este afán incendiario las beligerantes fuerzas políticas y regionalistas que hacen noticia recurrentemente por sus enfrentamientos parecen sumar esfuerzos y pactar silencios. Eso pudo evidenciarse en la pomposamente anunciada Primera Cumbre por los Bosques Chiquitanos, realizada el 23 de julio en Concepción. En el encuentro con inspirados discursos sobre la preservación del bosque y la prevención de los incendios participaron la Gobernación cruceña, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal y la ABT. También estuvieron representantes de organizaciones indígenas, municipios y la cooperación internacional.
La cita se selló con la firma del “acuerdo de voluntad para la protección de los bosques chiquitanos”. Destacan los acuerdos para “promover la valorización de los recursos naturales maderables y no maderables”; “impulsar la gestión de recursos financieros para el fortalecimiento de las unidades municipales responsables de la gestión de riego y gestión forestal”; “concienciar y difundir información referente a los daños e impactos de los incendios”, “prevención y valorización del bosque chiquitano”. También se mencionó el “apoyo a la gestión y conservación de las áreas protegidas y reservas municipales, unidades de conservación del patrimonio natural y servidumbres ecológicas”. No faltaron puntos como el “fortalecimiento de alianzas interinstitucionales”, “red de comunicación a nivel provincial para la prevención y el cuidado del bosque chiquitano en el marco de la solidaridad y reciprocidad”, etc.
Autores anónimos
Curiosamente, la operatividad de los acuerdos quedó librada a futuros encuentros, es decir, se llegó a un manifiesto de nobles propósitos. Mientras tanto una nueva ola de infernales incendios se halla en curso y sin solución de continuidad. “Nadie fue a esa cumbre a hablar de las causas de los incendios —dice Miguel Crespo, director de la organización Productividad Biósfera y Medioambiente (Probioma)—. ¿Quiénes son los causantes de los incendios? Obviamente son esas leyes incendiarias (leyes 337, 502, 709, 3973, 1171, entre otras) que promulgó el Gobierno de Evo Morales. Leyes que no fueron derogadas durante el Gobierno de Jeanine Áñez y siguen vigentes en el actual Gobierno de Luis Arce Catacora”.
Crespo, así como otros activistas y también autoridades de los municipios y comunidades afectadas, demandan insistentemente dos medidas a las que las autoridades hacen oídos sordos: la declaración de una pausa ecológica y la derogación de las leyes incendiarias. Sólo así, aseguran, se podría mostrar que hay una voluntad política para frenar el desastre socioambiental que han desatado las quemas.
Esa falta de voluntad tan evidente da pie a la identificación de los beneficiarios del ecocidio boliviano anual. “Hay intereses económicos de varios sectores —explica Eder Santivañez—. Están ahí los avasalladores (“colonizadores interculturales”) porque han convertido el avasallamiento de la tierra en una forma de vida a través del tráfico de tierras. También confluye el interés de los empresarios agroindustriales porque esas tierras avasalladas y quemadas serán el terreno para meter pasto, soya y otros productos. Además, hay el interés de las instituciones responsables del control de tierras, del control de la deforestación y protección del bosque. Para ellos, mientras más infracciones a la norma haya, entonces habrá más ingresos, una especie de mercantilización del bosque. Hace un tiempo, cuando se le encaró a un productor menonita por la deforestación que causó, respondió: ‘Yo ya he pagado mi multa’”.
Dos detalles completan la ecuación que devela el virtual pacto de lobos: los sectores que respaldan al Movimiento Al Socialismo y los partidos opositores que tienen el respaldo agroindustrial llegaron a violentos enfrentamientos en 2019. Sin embargo, en el Senado de ese entonces las conocidas como “leyes incendiarias” fueron aprobadas por unanimidad. Igualmente, la lucha entre ambos bandos sumó persecuciones, detenciones y procesos a rivales tanto en el gobierno de Áñez como en el de Arce. Pero ninguno de estos gobiernos tan opuestos entre sí identificó ni detuvo a los causantes de los incendios que conmovieron a Bolivia y al planeta.
¿Quiénes ganan?
“Hay muchos intereses en el tráfico de tierras —explica Crespo—. No es lo mismo una hectárea de bosque, cuyo valor varía entre 600 a 700 dólares, que una hectárea desmontada y su costo de 1.200 dólares. Ahora, para los colonizadores el negocio también va por el alquiler de sus tierras que les pagan las empresas. Es más cómodo alquilar las tierras que trabajarlas, y al agronegocio le interesa trabajar en economía de escala para ganar más. Los colonos que producen, producen no lo que necesita e importa cada vez más el país, sino producen para la agroindustria: soya transgénica, maíz transgénico, caña y sorgo para alimentar ganado y también pastos. Todo para satisfacer los acuerdos de exportación de carne a la China”.
El negocio que impulsa los incendios, según las fuentes consultadas, ha sido además inducido por la irrupción de intereses brasileños soyeros en la frontera. Se ha denunciado un proceso de cooptación de cerca de 300 kilómetros que amplían la frontera agrícola brasileña hacia territorio boliviano. Para ello ya se han habilitado zonas francas y puertos en Cáceres, en territorio brasileño, donde los soyeros bolivianos podrán llevar fácilmente sus productos.
Frente al implícito pacto entre colonos y empresarios, entre el Gobierno central y Gobernación departamental, los costos para el resto del país resultan catastróficos. Económicamente el agronegocio paga entre el 1,5 y 2 por ciento de impuestos de sus ganancias, los más bajos de Sudamérica, y goza de diversos subsidios. Es además un modelo de producción altamente cuestionado por el creciente uso de agroquímicos y transgénicos en superficies cada vez más grandes. A ello suma el no calculado valor de la destrucción de recursos que genera en los bosques. A nivel socioambiental, ya sólo los incendios desatan un shock destructivo.
Las contadas veces que los agroempresarios respondieron a las críticas sobre los incendios abogaron por la ampliación de la frontera agrícola. Aseguran que las exportaciones de soya y sus derivados permiten equilibrar la balanza comercial boliviana. Reclamaron además alternativas a las organizaciones que les señalan. Pero evitan ingresar en el debate sobre los daños al medioambiente. Una preocupación que sube el tono cada año.
“Antes las lluvias comenzaban en septiembre, ahora están empezando mucho después —explica Eder Santivañez—. Al no haber bosque ya no hay regulación del clima, no hay lluvias, surgen heladas, mayor sequía, amenazas de plagas por la muerte de los depredadores. Suma el cambio climático. Se está deforestando incluso contra los planes de uso de suelos en zonas no aptas para soya ni para ganadería. Hay menos ciclos de temporadas de humedad, las temporadas de sequía son más largas. Así el bosque se vuelve combustible fácil y se desatan semejantes incendios”.
¿Quiénes más ganan y quiénes más pierden con los fuegos del gran pacto colono intercultural-empresarial? “Ganan las empresas que venden agroquímicos y semillas transgénicas —responde Crespo—. Ganan también los importadores de los alimentos que el país se niega a producir (680 millones de dólares el año pasado). Pierden el Estado y el país porque se le está destruyendo lo único que le queda.
Una riqueza que en estos tiempos se debería ver bajo la óptica de un mundo que cambia hacia un modelo de economía armónica con la naturaleza. El mejor muro de contención contra virus y pandemias se halla en los bosques, al eliminarlos estamos eliminando nuestro resguardo”. Las llamas tienen intereses que se conocen públicamente, pero existe un pacto que las permite crecer hasta devorar todo a su paso.
