La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de febrero, calificando el ataque como una “violación grave al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión”.
La falta de legitimidad y pérdida de credibilidad, al margen de la desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo fueron las principales observaciones que lanzaron los veedores que participaron del proceso de selección del candidato a este cargo.