Para poner fin a la disputa legal en Estados Unidos, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo con las familias de las víctimas de octubre de 2003, para pagar un monto de resarcimiento, a cambio de evitar mayores acciones de parte de los demandantes.