Leyes y 6 más son acusados con 186 pruebas; defensa sólo tiene peritaje

Cochabamba
Publicado el 28/06/2019 a las 0h10

Hace 14 meses, una denuncia sobre la compra irregular de mochilas desató una crisis municipal. Hace dos días, la Fiscalía Anticorrupción cerró la investigación contra el alcalde José María Leyes y seis personas más por el direccionamiento de la contratación. La acusación tiene el respaldo de 186 pruebas, una pericia, 32 testigos y más de 100 actas. La defensa se aferra al peritaje del IDIF como descargo.

El caso se destapó el 2 de abril de 2018 con la denuncia de la concejala Rocío Molina (MAS). Refirió una presunta compra anticipada, con sobreprecio de 92 mil mochilas y direccionamiento para favorecer a la Asociación Accidental 26 de Febrero.

La Fiscalía acusa a Leyes por cinco delitos: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La acusación señala que Leyes tenía conocimiento de las irregularidades. Pese a ello inició y culminó el proceso de contratación, que la Fiscalía califica como “direccionado” y “simulado”.

Los dos exsecretarios y personas de confianza de Leyes, Diego Moreno y José Miguel Padilla, están acusados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes.

La acusación indica que tuvieron injerencia en el proceso y lo direccionaron bajo órdenes del Alcalde. Además, exigieron a funcionarios de medio y bajo rango filtrar especificaciones técnicas. Moreno es procesado en rebeldía, no se presentó al proceso.

Los empresarios Juan de Dios M. y María R. R., y la exsecretaria de Desarrollo Humano Andrea G. están acusados por contratos lesivos al Estado. (Ver infografía).

La acusación indica que los empresarios están conscientes de las irregularidades, pero pese a ello firmaron el contrato de adjudicación. Situación similar con la exsecretaria, quien también firmó.

Molina espera que el daño al municipio no quede impune. “Por fin se presenta la acusación y se ratifica la denuncia. Ahora la pelota está en la cancha de la justicia”, manifestó.

La acusación cuenta con 100 páginas que detallan la participación de cada acusado. Indica la existencia de 186 pruebas, un peritaje, 32 testigos y ofrecen que durante el juicio se puedan hacer careos.

La fiscal de materia, Faridy Arnés, indicó que por estos delitos el alcalde Leyes puede ser sentenciado a 10 años. El delito mayor es contratos lesivos al Estado.

Defensa

La defensa del alcalde Leyes señaló: “Demostraremos que el Alcalde no ha cometido ninguno de los delitos por los que se le acusa”, dijo el abogado Alberto Trigo.

Indicó que el sobreseimiento de seis de los investigados será una de las pruebas que utilizarán en juicio. Además del peritaje que se hizo en el Instituto de Investigación Forense (IDIF) sobre el proceso de contratación a solicitud de Leyes, la Fiscalía y dos imputados.

Sin embargo, las otras partes del proceso observan que ésas son las únicas pruebas que tiene la defensa del Alcalde para demostrar que no tiene responsabilidad en la compra de las mochilas.

 

“Ya habían adquirido con anterioridad las mochilas y los útiles (…) sugestivamente coincidente”, dice la acusación.

 

FECHA PARA EL JUICIO ORAL SE PUEDE FIJAR EN 3 MESES

REDACCIÓN CENTRAL

La acusación, en un proceso penal, es el primer paso para que se señale fecha para el juicio oral. Sin embargo, hasta que eso ocurra pueden pasar hasta tres meses, según el Código de Procedimiento Penal.

El artículo 340 del Código señala que el caso debe ser sorteado a un Tribunal de Sentencia. Luego, se dan 24 horas para que la Fiscalía presente pruebas.

Una vez que se tiene todo esto, el juez notifica a la víctima, en este caso la Alcaldía, dentro de un plazo de 24 horas. A partir de ese momento, el municipio tiene 10 días para presentar su acusación o adherirse a la de la Fiscalía.

Finalizado el plazo, es el turno de los acusados. Todos tienen 10 días para presentar sus propias pruebas. Finalmente, el juez señala la fecha dentro de los siguientes 45 días, según la agenda del tribunal.

En este tiempo se deben resolver los incidentes presentados durante la etapa investigativa para celebrar el juicio oral.

Uno de los incidentes más relevantes es la apelación sobre la desconexitud (separación) de los casos Mochilas I y II. El abogado del Alcalde, Alberto Trigo, indicó que, si alguno de los incidentes sale a su favor, podrían provocar nulidad de obrados (retroceder).


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