El DACI allana Contrataciones y acelera pesquisa contra Manfred
La Fiscalía y el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) allanaron ayer la Dirección de Contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba, la Dirección de Movilidad Urbana, la casa de la empresa de seguridad observada y otro inmueble por la denuncia que presentó la Policía en contra del alcalde Manfred Reyes Villa por presuntos contratos irregulares.
Alrededor del mediodía, el DACI llegó con el personal del Ministerio Público a las oficinas de Contrataciones en la plaza Colón. Además, intervino otros tres inmuebles para secuestrar la documentación correspondiente a los contratos que el municipio suscribió con la empresa Velarde, que proveía guardias para Movilidad Urbana y la Intendencia, desde hace siete años.
Tras cinco horas, los investigadores secuestraron documentos en cajas, en un gangocho y una computadora para la investigación de las siete oficinas de Contrataciones.
“El municipio ha coadyuvado con todo esto, ha proporcionado toda la documentación y todo lo que necesita el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad”, indicó Faridy Arnez, abogada particular del Alcalde.
Explicó que la empresa “ha hecho contrataciones desde diciembre de 2015” con el municipio, pero en el allanamiento también se ha constatado la contratación de otras empresas que se han adjudicado la licitación de guardias en diferentes tiempos. “No solamente han sido exclusivas por parte de la empresa (Velarde), hay otras que también se han beneficiado”, indicó.
La fiscal de materia de la Fiscalía Especializada de Anticorrupción asignada al caso, Casilda García, se abstuvo a brindar declaraciones tras la intervención y se retiró junto a los policías del DACI y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Por su parte, el secretario Financiero, Mauricio Muñoz, manifestó a los medios que aplauden el procedimiento de la Fiscalía y piden que se investigue desde 2016. “Nos ha extrañado cómo se ha permitido trabajar, nosotros hemos heredado contratos con procesos que estaban en camino”, dijo.
Asimismo, indicó que la Alcaldía no contrata guardias de seguridad física o de bienes, sino que busca empresas que proporcionen personal para emitir multas o controlar el cumplimiento de las normativas.
“En ningún momento se portan armas. No son guardias de seguridad privada o física como nuestros abogados han interpretado en su momento estás normativas”, explicó.
Esto en referencia a la denuncia de la Jefatura de Control de Empresas Privadas de Vigilancia de la Policía contra Reyes Villa por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, por la contratación supuestamente irregular de una empresa de seguridad que no contaba con la autorización correspondiente.
Alcalde y concejal del MAS se acusan
Dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, el concejal Joel Flores (MAS) presentó dos contratos firmados en la gestión de Reyes Villa con la empresa observada, esta no cumplió con los requisitos, según denuncia de la Policía.
Al respecto, el alcalde rechazó las denuncias y dijo: “¿Quién le va a creer a Joel Flores, quién es Joel Flores?”. El munícipe fue convocado a declarar el 22 de marzo en la Fiscalía, pero se abstuvo e indicó que se trataba de persecución política. Además, anunció que presentará una denuncia por el cobro de un presunto soborno por parte del concejal del MAS, que habría recibido por el mercado Coraca y de cuando era dirigente vecinal.
