Transporte pesado rompió diálogo por dos razones
El transporte pesado internacional y el nacional rompieron el diálogo con el Gobierno por dos puntos en conflicto en la mesa de negociación después de dos meses de reuniones constantes y trabajos en comisiones, informó ayer el secretario de hacienda de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado Internacional, Edwin Velásquez.
La modificación al Código Tributario y la universalización de las facturas continúan siendo los dos puntos conflictivos para zanjar el problema del transporte pesado que en febrero llevó al sector a un bloqueo de carreteras que duró una semana.
“Se ha hecho conocer las observaciones pertinentes a través de nuestros asesores entendidos en materia, se ha agotado instancias en la comisión económica de la Cámara de Diputados haciéndoles conocer cuáles serían las desventajas (…) sin embargo han hecho caso omiso a ello y la han promulgado”, afirmó Velásquez respecto a la Ley 812.
Respecto a la universalidad de las facturas, Velásquez añadió que su sector presentó 83 ítemes de actividades que podrían tomarse en cuenta para el descargo de facturas, pero fueron resumidos a 18 incisos “aún más limitantes”.
El transporte pesado internacional pidió al transporte urbano sumarse a las medidas de presión que fueron anunciadas para el 18 de julio. “También va a conllevar a un problema al transporte urbano”. Velásquez ratificó que sólo aceptarán una propuesta de diálogo de parte del presidente Evo Morales.
En tanto, Boris Beltrán, dirigente del sector transporte pesado de Santa Cruz, manifestó su rechazo a la Ley 812 de Modificación del Código Tributario porque considera que, en lugar de incentivar al contribuyente, lo castiga con elevadas multas. Además, dijo que su sector requiere la devolución del 30 por ciento del crédito fiscal la compra de diésel, puesto que, con el bajo costo del petróleo, ya no hay subvención de parte del Estado.
Aseguró que, si no tienen respuestas favorables a su pedido, iniciarán medidas de presión como bloqueos y cierre de fronteras. “Es lo único que se puede hacer y lo que hemos aprendido del compañero Evo Morales”, agregó.
Por su parte, José Ernesto Rodríguez, de la Federación de Microempresarios Contribuyentes de Bolivia, informó que ese sector tendrá un ampliado nacional el próximo lunes para determinar las medidas de presión que iniciarán en rechazo a la Ley 812.
Álvarez sostuvo que uno de los puntos más preocupantes es la prescripción de impuestos, que ahora es de 10 años. Indicó que por un simple “error de dedo” se puede quebrar un negocio, puesto que, en 10 años, las multas serán superiores al capital.
