Los contratos de los cooperativistas mineros

Sin lugar a dudas, el Gobierno nacional, a medida que pasa el tiempo, parece perder el horizonte natural de su legitimidad, simplificando los conflictos y la reivindicaciones sociales a una lógica demasiado simplona que reduce la dinámica a la repetición de un libreto tanto absurdo como desgastado, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad política mediante la denuncia al ‘imperio americano’ y a la timorata oposición, sin darse cuenta que la sociedad en general exige respuestas mucho más sesudas a la realidad, siendo uno de esos ejemplos, la singular denuncia del ministro de Gobierno Carlos Romero, quien de forma pública, denunció que los cooperativistas mineros tenían en su poder 31 contratos a favor de grandes transnacionales.

En efecto, en un intento desesperado de deslegitimar la movilización de los cooperativistas, denunció que el sector tenía 31 contratos firmados con inversores extranjeros en un franco atentado contra la economía y la soberanía nacional, entre los que se destacan seis  contratos mineros por 25 años, nueve contratos por 20 años y dos por tiempo indefinido siendo algunas de las empresas que se benefician de ello la ‘Mining Development Company’, la ‘American Internacional Trading Company AITC INC’, la ‘Comsur S.A.’, o la ‘Jungie Mining Industry S.R.L.’ entre otras, datos que nos permiten conocer que en realidad, ni la nacionalización fue tal, ni el ‘imperio’ es tan enemigo del Gobierno a tiempo de hacer negocios millonarios con los recursos naturales de Bolivia.

Al respecto, habría que puntualizar que nuestro país, a partir del 7 de febrero de 2009, puso en marcha una nueva Constitución Política del Estado que en sus artículos referidos a Recursos Naturales (Art. 348 adelante) y Minería y Metalurgia (Art. 369 adelante) establecen mandatos imperativos sobre la propiedad, el destino y administración de los recursos mineralógicos, consagrando que la propiedad de los mismos corresponde al pueblo boliviano, correspondiendo al Estado su administración, estipulando además que los contratos mineros con personas individuales y colectivas sólo tendrán fuerza jurídica ‘previo cumplimiento de las normas legales’, debiendo siempre velar por la función económica social.

En el caso concreto, se tiene que por confesión misma del Ministro de Gobierno, se evidencia que a pesar de los grandilocuentes discursos sobre la nacionalización de los recursos estatales y la expulsión de la Embajada americana de nuestro país, en los hechos, existen sectores como el de los cooperativistas mineros donde la nacionalización parece no haber llegado jamás, destacando más al contrario, la existencia de empresas extranjeras que siguieron operando durante todo este tiempo sin que el Gobierno hubiese fiscalizado, menos controlado dicha situación, lo cual nos lleva a indagar, ¿dónde estaba y que hizo del Gobierno nacional todos estos años sobre los contratos denunciados recién ahora por su Ministro? ¿Dónde estaban y que hicieron los legisladores, los ministros del área y las autoridades de regulación? ¿Por qué recién ahora, de modo muy oportunista, se denuncia la existencia de estos contratos, cuando el Gobierno tenía conocimiento de ellos? Todo apunta a dos posible hipótesis: o bien el Gobierno no conocía los mismos, lo cual debe llamarnos a la reflexión sobre la calidad en la administración publica o bien, los mismos fueron admitidos dentro el pacto político que el Gobierno sostenía con sus consentidos, los cooperativistas.

Sea lo que fuere, lo cierto es que los luctuosos hechos acaecidos la pasada semana, muestran la política errática y desleal el Gobierno nacional en materia de privilegios sectoriales con fines electorales en el régimen de Evo Morales, que sin el mayor escrúpulo se pueden firmar pactos con cooperativistas, empresarios o militantes de la vieja partidocracia sólo con el fin de ganar adhesiones electorales, para después desecharlos (política del clenex), sin medir las consecuencias, menos sus alcances. Un ejemplo, es la Ley Minera No. 535 que fue pactada por el Gobierno y los cooperativistas, estableciendo medidas excepcionales, como las políticas laborales de excepción que ahora, el mismo Gobierno, desconoce.

El autor es catedrático Derecho Procesal Constitucional y Relaciones Internacionales – UMSS