Los colaboradores de Leyes

Intentando reinstalarme en mi ciudad al volver de un destierro que aún llevo a cuestas, la semana pasada, saliendo de casa con suma precaución, debí cumplir una obligación familiar ante la Defensoría Municipal de la Niñez en la terminal de buses, tramitando un permiso de viaje para mis hijos menores. Siendo que son huérfanos de madre y ante mi imposibilidad real de acreditar el Certificado de Defunción, incluí en el trámite (sustitutivamente) una boleta de recaudación del Cementerio General por el pago de servicios de exhumación y cremación de mi ser querido (documento que incluye todos los datos biométricos exigidos) con lo cual supuse probada la orfandad materna de los adolescentes viajantes. Qué ilusión. Los funcionarios municipales me rechazaron esa Boleta Funeraria (emitida por la propia Alcaldía), exigiéndome obstinadamente y en actitud claramente extorsiva la presentación ineludible del Certificado de Defunción, documento que dejé en Brasil. A pesar de que el recibo original por el servicio de cremación era suficiente evidencia de que mis hijos son huérfanos de madre, la Defensoría de la Niñez se negó a emitir el respectivo permiso de viaje, condicionando esa autorización a la presentación inexcusable del Certificado de Defunción que me vi obligado a tramitar haciendo cola durante todo un día en el Sereci, exponiendo mi seguridad en tal afán. Aferrada a la letra muerta de una norma genérica, la jefatura municipal de la Defensoría de la Niñez ignora deliberadamente el principio legal de Amplitud que viabiliza trámites simples del ciudadano cuando la transparencia está libre de cualquier duda.

Indignado al extremo por tan inesperado trato negligente y coercitivo de aquellos funcionarios ediles que me vapulearon como si fuese un traficante de menores (uno de ellos, el más prepotente, penosamente un ciudadano con discapacidad), sólo atiné a cuestionarme: ¿es ésta la manera en que la Alcaldía de mi ciudad respeta y sirve al ciudadano? ¿Ésta es la forma en que algunos servidores municipales facilitan la vida de los cochabambinos? ¿Es así como la Defensoría de la Niñez defiende los derechos de nuestros niños y adolescentes? Me tocó vivir aquella horrible experiencia como padre de familia morador de este municipio, muy pocas horas antes del desenlace judicial que puso al alcalde José María Leyes tras las rejas.

Independientemente del grosero maltrato que soporté por parte de sus subalternos, deploro que José María no pueda defenderse en libertad plena. Tal vez no sea él quien deba llevar la carga penal por el negociado de las mochilas chinas, sino algunos de esos subalternos suyos que confunden la función pública con un resquicio de uso y beneficio privado.

No perdamos de vista que corrupción y abuso de poder dentro de la administración pública configuran un mal endémico en el conjunto del sistema político del país, en todos sus niveles —nacionales y subnacionales—; más allá de los precarios matices entre oficialismo y oposición.

Si el ejercicio de poder fuera concebido desde la ética más que desde la política —con genuino espíritu de servicio al ciudadano; sin esos viejos hábitos turbios y mezquinos—, mis hijos habrían viajado a La Paz sin ningún humillante contratiempo, y el Alcalde podría seguir donando mochilas a nuestros escolares.

La corrupción rampante es algo cultural que pone en cuestión el desequilibrio entre sociedad política y sociedad civil, entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufrimos.

Director del periódico Sol de Pando