¿Nube soberana?

Esta semana, las autoridades presentaron de manera oficial una “nube soberana” o plataforma tecnológica para almacenar información digital del Estado. Según el ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, dicha nube ya puede ser utilizada por las empresas e instituciones del Estado boliviano y, a corto plazo, prevén abrir el servicio para entidades privadas.

Cabe recordar que en el contexto de la demanda marítima ante La Haya, atacantes informáticos chilenos lograron vulnerar varios sitios web de instituciones del Estado. En febrero de 2015, fuentes del Senado anunciaron que se preparaba un proyecto de ley para crear una “nube soberana” o plataforma tecnológica que albergue información y servicios del Estado, con el objetivo de “fortalecer la soberanía y seguridad informática del país”. Dicha creación se concreta cuatro años después.

Una nube informática no es más que un conjunto de equipos computacionales que permiten almacenar documentos digitales con la ventaja de poder acceder a ellos desde cualquier lugar a través de Internet, alivianar el contenido del computador, ahorrar en gastos de mantenimiento y servicios, y poder ampliar la capacidad de almacenamiento en caso de necesitarlo.

Servicios de este tipo hay varios: iCloud, DropBox, Google Drive, pero alojan los archivos en servidores que pueden estar en EEUU, Europa o cualquier parte del mundo, y no son seguros al 100%, pues todos ellos han sufrido terribles brechas de seguridad. Al ser un servicio que ofrecen compañías de terceros, puede que tenga sentido el que la información confidencial estatal sea almacenada en una nube propia del Estado boliviano para evitar su divulgación a entes ajenos, no autorizados.

Sin embargo, no basta solo montar la infraestructura para que funcione, debería haberse realizado con medidas de seguridad bajo estándares internacionales para protegerla de ataques informáticos. Al tener información confidencial de las instituciones públicas, podría convertirse en una infraestructura crítica y blanco de ataques por parte del servicio de inteligencia y espionaje de otros Estados, por mucho que su acceso no sea posible desde el exterior del país.

También será imprescindible garantizar la disponibilidad de la información para los funcionarios públicos, de modo que se pueda acceder a esta cuando se necesite, sin que la nube sufra caídas o interrupciones de servicio. De lo contrario las colas para hacer trámites de cualquier naturaleza serían interminables y la típica excusa de los funcionarios de las ventanillas sería “es que la nube se ha caído”.

A futuro, el uso de la “nube soberana” será opcional para el sector privado y tendrá un costo que será difundido a corto plazo. Sin embargo, ¿podrá tener precios competitivos en comparación con los servicios ya disponibles por corporaciones multinacionales?

Aparte del precio, es necesario tomar en cuenta características tales como el cifrado de archivos una vez subidos a la nube, pues de otro modo los administradores del servicio podrían acceder a los datos a su antojo. También la sincronización automática, pues hoy en día no se concibe un servicio de almacenamiento en la nube sin esta función. Típicamente los usuarios pueden instalar un cliente en su equipo de escritorio o móvil y disponer en tiempo real de cualquier archivo que esté en el servicio, gracias a la sincronización automática.

Por último, también es vital la conexión cifrada para conectarse al servicio, pues así como estos deberían estar cifrados en la nube, también es importante que la información viaje cifrada desde y hacia la nube, para evitar que terceros malintencionados se hagan de los datos. De no contar con todas estas características, por muy subvencionado que sea el precio, mejor sería para el sector privado seguir usando los servicios de almacenamiento en la nube ya conocidos a nivel internacional.

El autor es ingeniero y docente universitario