Fuego, mentiras y futuro

Allegados del presidente Morales, califican de “sinceras” y “dignas” sus afirmaciones frente a la expansión de los incendios que han engullido bosques, principalmente en la Chiquitanía y que, sumados a los del Pantanal y Beni, superan el millón de hectáreas quemadas, configurando uno de los mayores desastres nacionales. Las reiteradas y prolongadas señales y advertencias previas, desmienten de raíz los elogios electoralistas, que propalan los amigos y dependientes del jefe de Estado.

Afirmar que es difícil parar el incendio y que, en consecuencia se trata de ver cómo evacuar a los afectados, como dijo Morales el 19 de agosto, antes que un mensaje realista y honrado viene a ser una exhortación rendida y derrotista, tomando en cuenta que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) había advertido que los focos de calor detectados se estaban multiplicando aceleradamente desde enero de este año, exhibiendo un incremento notable con relación a 2018 (“El Deber” 21.08.2019). 

La justificación presidencial de que, ni modo, solo queda dejar atrás todo y salvar el pellejo, tendría sentido si el fuego se hubiese presentado como un rayo en cielo sereno, inesperada e inevitablemente, pero resulta ser un intolerable pretexto tardío cuando se sabía que “los focos de calor se dispararon de 212 registrados el mes de julio, a 2.295 al 13 de agosto, de acuerdo al monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) (diario “Opinión”, 15.08.2019). En otros términos, de inicios de año a julio y de julio a agosto, no se tomaron acciones, ni se prepararon planes de contingencia.

Si a eso se agrega el desplante presidencial al anunciar que no es necesaria la ayuda internacional porque, según él, “estamos preparados" (textual), termina de dibujarse un nítido cuadro de omisión, incompetencia e irresponsabilidad estatal. 

El problema de los incendios forestales no es exclusivo del país y ha ocasionado daños a países, mucho más fuertes y preparados que el nuestro, pero con todos los anuncios y señales que se han mencionado queda claro que la preparación y planes de contingencia –no por días o semanas, sino por meses– quedaron en último lugar, muy lejos de las prioridades electorales de los gobernantes y del MAS. Hay una responsabilidad colectiva internacional, que debe ser movilizada por los que sufrimos las catástrofes.

El hecho de que, a principios de julio, el Presidente haya firmado un decreto alegando que por derecho al trabajo y a la alimentación se autorizaba a realizar quemas para ampliar la frontera agrícola, de las actuales cuatro millones de hectáreas que implica el plan del uso del suelo de la gobernación a 9 o 10 millones, como lo proclamó el gobernador de Santa Cruz, marca la conexión entre la conducta y planes del régimen con el incremento de riesgos ambientales del nivel de la gran quema de la Chiquitanía y otros mayores en el futuro.

Esto conecta con el tosco y absurdo ejercicio estadístico del Vice, el reciente 6 de agosto, relacionando absurdamente el número de árboles por habitantes de países europeos que tienen de 8 a 10 veces la población de Bolivia y una superficie, cada uno, menor a un tercio de la del nuestro. Mientras las llamas se inflamaban y devastaban Roboré y sus inmediaciones, el hombre clave del Gobierno nos invitaba a dejar de preocuparnos “histéricamente” por los bosques.

Cuando Morales remata, afirmando que “es importante el control del chaqueo, pero también quiero que sepan: las pequeñas familias si no chaquean, ¿de qué van a vivir?”, trata de achacar a los más pobres un modelo agrícola mediocre, que traga más y más tierras, sin cesar, liquidando los frágiles suelos de las áreas boscosas, para beneficio, principalmente de grandes y poderosos conglomerados transnacionales que imponen y dominan los agronegocios, al postular la falsedad de que el fuego y la continua expansión de la frontera agrícola serían la única opción.

El MAS se ha entregado a este modelo que asegura beneficios a los que negocian y especulan a gran escala, incluyendo las tierras usurpadas a reserva naturales y pueblos, usadas después como patrimonio inmobiliario, pero que lejos de ofrecer alimentación y derecho al trabajo, construye un seguro camino a la quiebra social y ambiental del país.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.

Más artículos sobre el tema:

Decreto reaccionario Bernardo Ellefsen
Neocolonialismo e imperialismo Bernardo Ellefsen
Groserías Rocío Estremadoiro Rioja