Es un grave error no atender la reforma judicial

Ninguno de los países latinoamericanos que enfrenta problemas de gobernabilidad, debido a la crisis política generada por sus gobernantes y políticos y el justo levantamiento de sus pueblos, está atendiendo responsablemente la postergada agenda de la reforma judicial.

En muchos años y hasta décadas, ningún contexto y coyuntura de país han sido más favorables que el actual para la reforma y lo están desperdiciando al dejarlo pasar. No comprenden que la sensibilidad social, por mejorar lo judicial, no surge y se exterioriza siempre.

¿Existirá justificación alguna, a tamaña omisión? ¿desconocimiento de su vital importancia, a lo mejor? ¿O cálculo político, para sacar ventajas presentes y futuras?, considerando que en casi todos los Estados la crisis estructural de la justicia es el talón de Aquiles de su rumbo democrático.  

Más extraño aún resulta, porque de nuestros políticos y gobiernos (ejecutivo, legislativo y judicial) podemos esperar muchas cosas, es que el mundo académico las universidades los gremios de abogados y sectores “especializados” de la denominada sociedad civil (las ONGs), hayan bajado la guardia y no sostengan una demanda clara y firme de “reforma integral al sistema de justicia” o “política de Estado en materia judicial”. 

Se conforman con pedir renuncias y a dar una que otra pincelada, descalificando el estado de la justicia, pero no entran –autocríticamente– al tratamiento del fondo del asunto. Sigue primando la sed de desquite que el deseo de abordar, seriamente y con perspectiva de instituciones queridas, los temas pendientes de la agenda nacional. Asumen como sinónimos reforma judicial y algunas medidas mediáticas sobre algún asunto –superficial y desarticulado– del funcionamiento del engranaje judicial. Hasta las agencias de cooperación internacional no saben cómo apoyar esta agenda pendiente, por eso su perfil bajo.

Seguimos en lo mismo que ayer y el pasado. No hay un propósito de trascender de lo epidérmico y acomodaticio –políticamente– a una acción integral del Estado y población, en pro de las instituciones que hacen al sistema de justicia. Si algo existe, todo se agota en la crítica; irónicamente con más golpe y saña de parte de los políticos desde dentro y fuera del Estado. 

Si la lucha de nuestros pueblos es por la recuperación de sus respectivos países para todos y todas y por madurar y consolidar su democracia, en esta coyuntura, es fundamental desarrollar y afianzar mayor conciencia social sobre los beneficios de vivir en un estado de Derecho, uno que respete los derechos humanos. Este momento sólo será posible con un sistema de justicia independiente, accesible, transparente, intercultural, con enfoque de género de derechos y política pública; pero sobre todo con legitimidad social. Lograrlo, sólo será posible si pasamos del discurso a los hechos e iniciamos una reforma integral a cada institución que participa en el circuito judicial. 

Reponernos de los acechos de la corrupción la impunidad y otros tipos de crimen organizado y transnacional, que caracterizan hoy a los procesos políticos de poder -y por eso su afán de continuismo- no prosperará si no le damos su lugar e importancia a una genuina reforma judicial.

La reforma judicial no puede seguir siendo patrimonio de los políticos. Ésta también debe ser –eminentemente– de nuestros pueblos, que la demandan siguen y respaldan, y estar en manos de técnicos y con participación efectiva de los jueces y fiscales de todos sus niveles.

Sin un sistema de justicia liberado, maduro y sin cruces ni cadenas, en nuestros países, hablar de democracia siempre será una falacia.

El autor es abogado