Los ilegítimos

Cuando los bolivianos fuimos a votar, el 12 de octubre de 2014, fue para elegir autoridades que debían durar cinco años en sus cargos. La mayoría teníamos eso claro, especialmente respecto al presidente de entonces, Evo Morales, quien estaba volviendo a postular y nosotros teníamos presente que iba a ser la última vez, y solo por otros cinco años.

Cuando los bolivianos fuimos a votar, el 29 de marzo de 2015, fue para elegir autoridades departamentales y municipales que debían durar cinco años en sus cargos. Ninguno se imaginaba siquiera que aquellas personas que ofrecían el cielo y la tierra a cambio de nuestro voto se quedarían más tiempo del previsto.

Pero así estamos.

A partir del 22 de enero de 2020, las autoridades elegidas como senadoras, senadores, diputadas, diputados y asambleístas supranacionales han perdido su legitimidad porque terminó su mandato constitucional y popular de cinco años. Una ley amplió su mandato –y, por tanto, lo hizo legal– pero no les da legitimidad. Desde entonces, ejercen los cargos más allá de lo que ordenó el voto.

A partir del 1 de junio de 2020, las autoridades elegidas como gobernadoras, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales han perdido su legitimidad porque terminó su mandato constitucional y popular de cinco años. Una ley amplió su mandato y… el resto ya lo saben.

Lo que pasa es que no tenemos que seguir explicando, usando chuis y garbanzos, algo que está a ojos de toda la población: estas ciudadanas y ciudadanos ha cumplido su mandato, y punto.

A la hora de las evaluaciones, encontraremos que se la pasaron peleando durante los cinco años, por sus intereses políticos y personales, y solo se pusieron de acuerdo cuando un arreglo les beneficiaba directamente. Así, hubo legisladores regionales que pusieron de lado sus diferencias para subirse los sueldos y lo hicieron. En la Asamblea Legislativa Plurinacional –nombre largo para referirse al Parlamento–, añistas y masistas dejaron de pelear para aprobar, por unanimidad, la prórroga de mandato.

Y aquí tenemos a estas señoras y señores, chochos y orondos, con la legitimidad perdida, pero cobrando los mismos miles de Bolivianos que hace cinco años.

Pero hay una diferencia entre este 2020 con relación a 2014 y 2015: tenemos una pandemia y, por esa pandemia, la gente tuvo que encerrarse en sus casas y dejar de ganar. Ergo, no tiene dinero, mientras las autoridades electas, esos buenos para nada, siguen ganando miles sin prácticamente hacer nada.

No voy a plantear que se vayan, porque eso provocaría un vacío de poder, pero, eso sí: aunque se queden otros cinco años, deben dejar de ganar, porque ya no son nuestras autoridades electas. 

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo