La tiranía de las minorías

El filósofo griego Aristóteles decía: “la única verdad es la realidad”. Observar los actuales hechos sucedidos en el ámbito político de Perú –cuatro presidentes en los últimos cuatro años, tres presidentes en la última semana–, me hizo comprender que en las elecciones generales del 18 de octubre, por poco cometimos un desatino político: un Gobierno con representación parlamentaria minoritaria, y una mayoría parlamentaria fragmentada en diversos partidos y alianzas políticas.

Siempre sostendré que todo poder, en este caso (el Ejecutivo) necesita un contrapoder (el Legislativo), sin embargo, Bolivia aún no está lista para ello, y en las siguientes líneas fundamentaré las razones de mi posición.

El Congreso de la República del Perú, conformado por 130 miembros, actualmente está dividido en nueve partidos políticos y ninguno de ellos sobrepasa los 25 miembros. Por el contrario, en la gestión de Jeanine Áñez, la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba controlada sólo por un partido político, con dos tercios de representatividad.

Cuando la moral y la ética se alejan de la política, es cuando se avistan escenarios de tiranías parlamentarias. En Perú, una tiranía de las minorías, cuyas consecuencias fueron mencionadas en el párrafo inicial de este artículo. Y en Bolivia, una tiranía de la mayoría que, en su momento, redujo al mínimo el margen de gobernabilidad, avalando mociones de censura y juicios de responsabilidades a autoridades del Ejecutivo.

Los nuevos asambleístas para la gestión 2020-2025, desde el momento de su posesión al cargo, ya demostraron actitudes antidemocráticas: opositores que no asistieron a la posesión de un Presidente elegido democráticamente, abandono del hemiciclo legislativo ante la falta de debate, y presumibles conductas prebendalistas del MAS, ante acciones cercanas al transfugio político de una diputada de Creemos, que fue designada, paradójicamente, al cargo de cuarta secretaria de la Cámara de Diputados sin el respaldo de su alianza política y apoyada por oficialistas.

Al parecer, la clase política –sin distinción del partido que profesan–, manifiestan concepciones muy diferentes respecto de lo que entienden por democracia. No comprenden su verdadera esencia, que va más allá de emitir un voto cada cinco años y es mucho más que eso. La democracia es igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, concertación política, es el Estado de derecho, y son cosas indisociables. Debemos luchar por dejar de tener democracias aparentes, democracias de plastilina. La democracia es una construcción colectiva, no se regala, se construye.

Una de mis pocas virtudes, es ser bastante coherente. En realidad, los asambleístas no nos representan, sino, nos sustituyen: idealmente son elegidos para servir y satisfacer necesidades de la sociedad, pero una vez en el cargo, sólo sirven a dos amos: a las élites de poder que representan, y a sus propios intereses. La Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido en un mercado donde se negocia la repartición del poder, la noción de que las normas nacen de la lucha de opiniones y argumentos, ha sido usurpada por el frío cálculo de intereses y oportunidades de poder.

Así como en Perú, también en Bolivia existe una crisis de representatividad, y un rechazo a la clase política. Muchos de nosotros en las elecciones generales, votamos por el “mal menor”, pero lo cierto es que no hay tal cuando se trata de elegir entre una clase política atiborrada de tontos útiles.

El periodista y escritor Andrés Oppenheimer, considera, respecto a Latinoamérica, que: “lo importante es tener un país de instituciones fuertes, no de hombres fuertes”. Es necesario un sistema de pesos y contrapesos, pero para ello debemos desarrollar una cultura política, evitar elegir a aquellos que se creen líderes mesiánicos, y ser críticos del poder. Esto no es cuestión de izquierda o de derecha, sino, de democracia o populismo.

En síntesis, hay mucho que aprender del pasado, y de los países vecinos, y no tendremos mucha oportunidad de un mejor futuro si no lo entendemos.

El autor es abogado, egresado de maestría en gestión de gobierno y políticas públicas