Una semana movida

En la semana pasada, una de las principales noticias fue la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero Ballivián, que fuera designado por la entonces jefe del Estado, Jeanine Áñez. Sobre el desempeño de Romero se dice de todo. Se afirma que favoreció constantemente al Movimiento al Socialismo, que se había negado a que se practique una auditoría del Padrón Electoral y que recibía instrucciones del oficialismo. Al parecer, por ahora, es un asunto terminado, Salvador Romero acaba de ser sustituido.

La otra noticia trascendente, no se refiere solo a las detenciones ordenadas por el Gobierno, sino a un caso muy serio: el encarcelamiento de la expresidente constitucional Jeanine Áñez y de dos sus ministros. Por esto el Parlamento de la Unión Europea, aprobó la resolución P9_TA(2021)0156, de 29 de abril de 2021, en la que se condena ese ilegal apresamiento y el trato inhumano que se da a la exmandataria, ahora con problemas de salud.

Esa extensa resolución no solamente señala que la detención de la expresidente fue absolutamente ilegal, sino que también se refiere a otros asuntos, entre ellos el pedido a la Fiscalía que “reabra la investigación sobre la supuesta canalización de fondos públicos por parte del gobierno de Morales, de 1.600.000 dólares a través de pagos irregulares a la consultora Neurona” ligada al partido de extrema izquierda Podemos de España.

Antes de la resolución del Parlamento Europeo, ya surgieron voces del oficialismo condenando la posible intervención de un organismo internacional en lo que, se dice, son asuntos internos del Estado boliviano. Se ignora deliberadamente que la no intervención absoluta es una concepción ultrapasada. El mundo está reunido en una organización que ha aprobado reglas muy claras en defensa de los derechos humanos. Cuando se las viola, surgen las críticas y los organismos especializados dictan las medidas que corresponde, aprobadas en varios acuerdos internacionales que el Estado de Bolivia suscribió.

Sobre la ya sobrepasada soberanía absoluta, el profesor Isidoro Ruiz Moreno en su libro Concepto moderno de la soberanía, expresa que “De la idea de la plenitud del poder, se cambió a la idea de que la soberanía no es más que el conjunto de poderes necesarios al Estado para cumplir sus funciones. Finalmente, con una idea ecuménica, algunos han sostenido que no es más que el poder de moverse libremente en los límites fijados por el derecho internacional”. Y, entre esos límites están los derechos humanos consagrados por la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Se admite la soberanía del Estado –continúa Ruíz Moreno–, pero dentro de la noción de interdependencia y colaboración, y sujeta al derecho. Por esto, en la Carta de la OEA se establece que los Estados americanos reafirman el principio de que el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas.

Si el Gobierno de Bolivia sigue encaprichado en violar los derechos humanos, habrá sanciones como las aplicadas a la actual dictadura venezolana. Y las sufriremos todos.

¡Cosas del populismo…!

El autor es exembajador de Bolivia