Corrupción sempiterna en el gobierno boliviano
La información emitida por instancias gubernamentales de EEUU respecto de la detención, en ese país, del exministro de Gobierno de la gestión transitoria, su exjefe de gabinete y tres empresarios relacionados a la compra de material antimotines –en un proceso realizado entre noviembre de 2019 y abril de 2020– evidencia, en primera instancia, un hecho de corrupción perpetrado por funcionarios bolivianos con el fin de enriquecerse de manera ilegal, provocando daño económico al Estado.
La compra, con un sobreprecio de más de dos millones de dólares, de ese material bélico no letal es uno de las decenas de casos de corrupción denunciados en 2020, durante la gestión del Gobierno transitorio, y atribuidos a sus autoridades. Pero éste, es el primero y único en el que los hechos de corrupción, y cómo se los ejecutaron están claros, con pruebas irrefutables y sus responsables plenamente identificados, además de encarcelados.
Eso sucede solamente porque una parte de los hechos en cuestión ocurrieron en EEUU, las instancias correspondientes de ese país detectaron movimientos bancarios inusuales en el proceso de compra realizado por el Gobierno boliviano, investigaron y actuaron en el ejercicio de sus funciones específicas: ocuparse de las acciones ilegales, hallar a los posibles criminales y derivarlos a la justicia.
Dicho de otra manera, si el exministro de Gobierno, su jefe de gabinete y sus cómplices no hubieran utilizado bancos estadounidenses para perpetrar su ilícito no habría estallado el escándalo y el caso sería otro más de los innumerables hechos de corrupción cometidos por funcionarios gubernamentales bolivianos, desde que se tiene memoria, y que se pierden en medio de las acciones infructuosas de la Fiscalía y los laberintos judiciales bolivianos.
Ahí está el otro aspecto que evidencia la caída del exministro de Gobierno en manos de la justicia estadounidense. Y este es el punto más grave y trascendental del escándalo que empeora aún más la imagen que tiene la ciudadanía de la gestión del Gobierno transitorio, pero no puede servir, a pesar de lo que pretende el oficialismo, para mostrar que las gestiones gubernamentales del MAS, fueron transparentes y virtuosas.
No, porque solo uno de la larguísima lista de casos de corrupción cometidos en los casi 14 años de gobiernos de Morales, y que sigue creciendo ahora, ha sido resuelto y el Estado no ha recuperado el dinero que ha enriquecido ilegalmente a personalidades masistas, algunas de las cuales gozan ahora de nombramientos en el servicio exterior.
Y no es que se trate de quiénes son o fueron más corruptos, sino de que la administración de justicia nacional está comprometida en la corrupción que empobrece al Estado y a los bolivianos y que el Gobierno actual no parece dispuesto a reformarla.
