Si se cumplieran las leyes…

El Estado Plurinacional está blindado, protegido y es amplio en materia de derechos humanos y de una serie de leyes que impulsan una cultura de respeto y cumplimiento de los derechos humanos.

Desde febrero de 2009, año de promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional fue una fábrica de leyes en casi todas las áreas sociales. Hay leyes de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la Madre Tierra, de las personas con VIH Sida, de los niños, niñas y adolescentes, de la juventud, contra la trata y tráfico de personas, contra el acoso político, contra toda forma de discriminación y racismo, para la seguridad ciudadana, para el control de expendio de bebidas alcohólicas, para la educación, la salud y muchas otras.

Durante su gestión como defensor del Pueblo, Rolando  Villena y sus representantes departamentales insistieron en el cumplimiento de la normativa nacional, la cual adolecía de tres elementos centrales, después de su aprobación y promulgación: la falta de recursos económicos, la ausencia de institucionalidad y de personal capacitado y sensible en las instancias competentes. 

Uno es el paquete de leyes buenas que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia y otra es la realidad, es decir, los hechos y el cumplimiento de las mismas, y si todas se cumplieran o se aplicaran, no tendríamos una de las mayores incidencias de violencia contra la mujer; no habría tantas violaciones a niñas y adolescentes; no habría tantas personas desaparecidas; no existiría hacinamiento en las cárceles de Bolivia; no se destruiría ni mataría tanto a los seres vivos de la Madre Tierra.

Sólo una muestra de la falta de cumplimiento de las leyes bolivianas tiene que ver con una de las normas más difundida, más comentada, más usada y que se la manipula para la victimización de hace 500 o más años. Por ejemplo, la Ley 045 Contra toda Forma de Discriminación y Racismo, a 12 años de su aprobación y puesta en marcha, no funciona en las instituciones encargadas de su ejecución, lo que lleva a cometer errores y que persista esa mentalidad colonizadora y discriminadora en las entidades públicas y privadas, en ciertos sectores de la sociedad, en los colegios, en las universidades, en los sistemas de salud. 

Y hasta en las autoridades nacionales y departamentales, al punto que el vicepresidente David Choquehuanca, en sus discursos, busca despertar inclusive más los demonios del racismo y la discriminación. 

Precisamente la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación es el instrumento fundamental que nos permite hacer todos los esfuerzos para erradicar ambas taras sociales, que a lo largo de la historia nacional tiene discriminaciones manifiestas como encubiertas; además, si el Estado Plurinacional se proclama descolonizador, despatriarcalizado, pacífico y con igualdad de condiciones, debe encarar todas las acciones pertinentes, pero que fallan en el momento de la aplicación y del cumplimiento de los mandatos de la Ley 045.

Por ejemplo, por la norma se instituye el Comité contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que entre sus funciones tiene la elaboración de un diagnóstico y un plan nacional contra el racismo y la discriminación y promover, desarrollar e implementar políticas de prevención y lucha contra ambos flagelos, entre otras. Pero este comité, que es ampuloso en su conformación, hasta la fecha no ha publicado ni ha realizado ni un plan o propuesto políticas integrales.  Es usado sólo con fines políticos para confrontar y dividir más a los bolivianos.

De igual manera, se deben instituir los comités departamentales de lucha contra el racismo y la discriminación. Pero en los nueve departamentos estos comités nunca funcionaron ni aparecieron para la foto. No les interesa a las gobernaciones ni a los municipios que se concrete una instancia de esta naturaleza. De ahí que este proceso de lucha contra la discriminación se haya degenerado y hoy el tema es parte de las burlas, de los chismes, de reclamos bajo el grito de que “he sido discriminado”, cuando en realidad en muchos casos se trata de otro tipo de hechos.

La Ley 045 también exige que toda institución pública, privada, medios de comunicación, universidades y organizaciones sindicales deban contar con su reglamento en concordancia con la ley, instrumento que es aprobado por el Comité Nacional contra el Racismo y la Discriminación, pero pocos han cumplido con este requisito.

Le Ley 045 pide a los municipios y gobernaciones la creación de una unidad de lucha contra el racismo y la discriminación, pero en Santa Cruz y probablemente en otros departamentos no funciona esa unidad a pesar de la vigencia de esta norma desde octubre de 2010.

Todo esto conduce a concluir que la lucha contra el racismo y la discriminación es sólo un mero enunciado, que lleva incluso a cometer errores a las propias autoridades, a espectacularizar la noticia, a banalizar las denuncias y a reírnos cuando de forma insistente escuchamos “he sido discriminado”.

Pues bien, el reto que tiene la nueva Defensoría del Pueblo es asumir un rol importante en el proceso de lucha contra toda forma de discriminación y racismo, y eso pasa por exigir el cumplimiento de la tan publicitada y usada Ley 045.