Censo para el 23

Bolivia está una vez más al borde de un ataque de nervios, o de algo peor, y lo único que puede consolarnos es que, como lo dijo una vez un embajador norteamericano, en realidad aquí tenemos ante todo una especie de kabuki, nunca llegamos a saltarnos a la yugular con intenciones de incrustar el colmillo, la danza de amenazas puede hasta llegar a asustar, pero somos lo suficientemente civilizados para no lanzarnos a una matanza o a algo parecido a una guerra civil.

Sin embargo, lo que ha estado sucediendo estos días es que se ha exacerbado el regionalismo (con su retrogusto racista) y hasta se han escuchado voces que sugieren una separación de la Bolivia actual. Es sin lugar a dudas un exceso, pero las puertas para que Santa Cruz pida una federalización del país se han abierto ante todo debido a los desacertados castigos que ha recibido la región en respuesta a un pedido que es absolutamente sensato y legal, vale decir, que se cumpla con la ley del censo y que éste tenga lugar lo antes posible, poniéndose como límite el año 23. 

Santa Cruz como zona receptora de enormes flujos de migración interna está en su pleno derecho de pedir que se cumpla con una ley que implica la posibilidad de contar con fondos para atender precisamente a esa nueva población que ha llegado a sus parajes, y tiene también el derecho y la obligación de que esas personas sean adecuadamente representadas en el Legislativo.

El arbitrario retraso de la fecha del censo es en primera instancia un acto de abuso de poder, algo a lo que están acostumbrados los masistas desde los tiempos del “le meto nomás” de Morales. Lo hacen porque creen que este retraso es conveniente para su futura permanencia en el poder (no sólo se trata de que Santa Cruz pudiera ganar más curules), sino que eventualmente los departamentos más afines al MAS no sólo perderán curules, sino que podrían resentirse con el partido que “permitió” esa reducción de curules. 

Lo sórdido es que, aparte de estar yendo contra la ley, el Gobierno ha apostado a mantener su línea, aun a costa de no sólo aguantar una huelga general, de una región importante, sino que hasta la ha azuzado. El tratamiento a Santa Cruz en estas dos semanas ha sido torpe, grosero y abusivo, no ha habido un intento de tratar de tender un puente, al menos no ha habido uno público (esperemos que detrás de bambalinas estén logrando un entendimiento).

Eso sí, estas dos semanas han fortalecido en Santa Cruz un espíritu anticentralismo, dicho en forma políticamente correcta, o anticolla, dicho con el racismo y la xenofobia interna que también tiene su espacio en la bella y hospitalaria tierra oriental. 

El presidente Arce ve en estas acciones un afán desestabilizador (un golpe) contra su gobierno, nadie juzga lo que por sí no pasa, debe estar recordando la caída de Goni, auspiciada principalmente por su partido. Y tiene razón de preocuparse: en situaciones como esta, las cosas pueden escapar de control y evidentemente el “pagano” podría ser él.

Esta pulseta está haciendo un gran daño económico al país, como sucede con todos los paros y bloqueos (dicho sea de paso, como persona ligada al turismo, son los bloqueos de Evo los que consolidaron en mí mi mayor rechazo al dirigente cocalero), pero ojo: los cruceños no están pidiendo algo irracional ni difícil de cumplir. La responsabilidad de la solución de este entuerto la tiene el Presidente, basta con que él se adhiera lo mejor posible a la ley (ya estamos retrasados para cumplir plenamente con la fecha, pero el año 23 es una alternativa razonable). 

¿Podrá su Excelencia controlar su ego y poner en su lugar a las fracciones del MAS que buscan eternizarse en el poder a cualquier costo?