El significado de Santa Cruz
No cabe duda que Santa Cruz ha marcado la agenda pública del año que acaba de terminar.
En primer lugar, de no ser por esta región el Gobierno habría impuesto un decreto para la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda, que debía realizarse el 16 de noviembre de 2022, sin argumentos convincentes, como suelen ser las decisiones que caracterizan al gobierno del presidente Luis Arce.
Por supuesto, siempre despertará suspicacia forzar la postergación de una medida tan trascendental para la gestión pública como un censo, después de anunciar, como lo hizo el propio Gobierno, que tanto la cartografía como la boleta censal tenían un considerable avance; a última hora, el Ejecutivo quiso diferir la vital encuesta, pero no fue convincente y en Santa Cruz se vinculó esa extemporánea decisión a la ausencia de voluntad política para efectivizar la distribución transparente de recursos de coparticipación tributaria y de escaños en la Cámara Baja; la desconfianza, además, se extendió al ámbito electoral, específicamente al padrón que se considera contaminado y a la sobrevaloración del voto rural ante el urbano.
Al ser Santa Cruz la región de mayor migración interna y crecimiento económico en el país, era lógico que considerara clave el censo para recibir más recursos y, en consecuencia, más escaños en la Cámara Baja. Estas demandas, en el fondo, reclaman un mayor peso específico en el ámbito político. Las medidas de protesta escalonadas que derivaron en un paro indefinido de 36 días finalmente lograron que el Gobierno cediera a los pedidos de la región, la promulgación de una ley que fijara el compromiso del reparto de recursos y de escaños, antes de las elecciones de 2025, y la liberación de detenidos en las protestas; quedó pendiente, además, la decisión del cabildo del 13 de noviembre de reflexionar sobre la futura relación, en el ámbito legal y democrático, de Santa Cruz con el Estado.
Es en este contexto que se ha registrado el segundo hecho determinante para Santa Cruz: el violento secuestro, como en la repudiada y superada etapa de las dictaduras militares, y posterior detención preventiva por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca.
Además de la vulneración de sus derechos constitucionales y convencionales a un debido proceso, Camacho es procesado por el delito de terrorismo en un hecho inexistente, un supuesto “golpe de Estado”, cuando lo que ocurrió entre octubre y noviembre de 2019 fue un fraude electoral, corroborado por tres informes internacionales elaborados por expertos, impulsado por el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales. Arce, además, quiere dar una señal de fuerza sobre la región que se ha opuesto a sus imposiciones y acaso pretende aplacar las críticas internas del evismo a un presunto “pacto con la derecha”.
La disputa de fondo es entre una corriente política corporativista y proclive al centralismo frente a una región que otorga un rol esencial a la iniciativa privada, en lo económico, y al Estado Constitucional de Derecho y a la democracia, en lo político. Para imponerse, el Estado populista del masismo ha comenzado a reprimir, pero la resistencia ciudadana crece en Santa Cruz. Y así es como Bolivia ingresa a 2023, que será determinante en esta pulseta de fondo.
