El convenio del litio
En una entrevista concedida a este diario, el presidente de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos, ha aclarado aspectos esenciales de lo que el pasado 22 de enero se ha anunciado como el inicio de la industrialización del litio. Días antes de esa celebración oficialista, YLB y el conglomerado chino Catl, Brunp & Cmoc (CBC) se aliaron para explotar dos salares, el de Uyuni en Potosí y de Coipasa en Oruro, con dos sendas plantas con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
Ahora se conoce que la empresa estatal y el grupo asiático no firmaron un contrato, sino un convenio por seis meses, que puede ampliarse a un año. Transcurrido ese período, se analizará la conveniencia de establecer un contrato. Según YLB, el interés central de los chinos es saber si van a contar o no con un volumen de litio suficiente. El segundo aspecto importante es la inversión: el consorcio ha comprometido 1.000 millones de dólares para las dos plantas, en tanto que la contraparte estatal, en palabras de Ramos, es un “aporte de inversión” en litio.
Un destacado experto en esta materia, el economista Juan Carlos Zuleta, quien estudia desde hace décadas el mercado mundial del litio, ha cuestionado que YLB se asociara con empresas que, en su opinión, no reúnen la experiencia en la tecnología EDL, lo cual convierte al país en un laboratorio para experimentar con la tecnología, pero que no se conoce, del grupo chino.
Además de considerar que el plazo -seis meses- no alcanzará para montar las plantas prometidas, Zuleta expresa que el convenio es ilegal, por lo que no se ha firmado un contrato sino sólo un convenio. Otros especialistas en este recurso natural coinciden: tal acuerdo carece de fundamento legal, pues contraviene lo establecido por la Ley de Minería 535 y la Ley 928 o de Creación de YLB, que son taxativas al establecer que la producción de litio debe estar en un 100 por ciento en manos de la empresa estatal que, sin embargo, no tiene la tecnología ni el capital para desarrollar esta industria. Los chinos, aseguran los expertos, se llevarán el litio como materia prima para producir baterías, con lo cual la prometida producción local de ese componente esencial para los autos eléctricos y otros usos quedaría trunca.
Ramos de YLB ha afirmado que el convenio tiene el fundamento legal necesario.
Lo que podría despejar todas las dudas es la publicación del convenio, en respeto a la transparencia y al derecho constitucional al acceso a la información. Ojalá que así sea.
