Abusos sobre los abusos
El repudio que provocan en Bolivia los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos contra menores no tendría que perjudicar, al manifestarse, a otros niños y adolescentes.
Pero eso está ocurriendo y las víctimas son estudiantes de colegios jesuitas.
Nadie pretenderá que esos vejámenes y su encubrimiento queden impunes, pero existe cierto exceso en la persecución, justificada, que se ejecuta, o reclama, contra sus responsables.
Ese exceso es evidente en la generalización que se hace al pedir juicio y castigo para los perpetradores de los abusos, confundiendo a estos —individuos vivos o muertos— con la institución a la que pertenecen o pertenecían.
Es cierto que la Iglesia católica, a escala mundial, ha escondido durante décadas la existencia de ese tipo de hechos oprobiosos y protegido a quienes los cometieron.
Pero es también cierto que desde hace 10 años el Vaticano ha aprobado una serie de medidas para responsabilizar por esos actos a la jerarquía eclesiástica.
En esa línea, la Conferencia Episcopal Boliviana se ha comprometido a cooperar con las investigaciones y condenado los actos de abuso sexual, pocos días después de conocerse la confesión escrita del cura español que los perpetró en el colegio Juan XXIII de Cochabamba. Y la orden a la que pertenecía, la Compañía de Jesús, invitó a las víctimas a presentar sus denuncias al Ministerio Público.
La divulgación de la mencionada confesión, contenida en un diario íntimo, desató una serie de denuncias de vejámenes sexuales contra clérigos católicos, la activación de las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía e incluso la agilización del tratamiento de demandas iniciadas el año pasado, como la que compromete al expárroco de la iglesia de San Roque, en Tarija, ahora en detención preventiva.
Pero el impacto del escándalo se desborda. No otra cosa significan los grafitis de manifiesta hostilidad en el exterior de establecimientos educativos administrados por la Compañía de Jesús en Sucre y La Paz.
“Iglesia violadora fuera de Bolivia”, proclama una inscripción en el muro exterior del colegio San Calixto en La Paz, donde, en días pasados, un grupo de personas con el rostro cubierto denigraba a un sacerdote.
“Eso ha provocado un gran temor en nuestros hijos (…) fueron sujetos de violencia psicológica”, denunciaba un padre de familia. Ese temor es manifiesto en el hecho de que los estudiantes prefieren no ser reconocidos, por el uniforme, como alumnos de su colegio.
Los excesos del repudio a los abusos cometidos por algunos curas comienzan a perjudicar a menores que el Estado y la ciudadanía están obligados a proteger, como lo establece la ley. Eso no contribuye a la acción de la justicia.
