Confianza en la gasolina
En el último mes, los transportistas bolivianos han tenido que protestar por gasolina desestabilizada, de mala calidad, debido a los elevados gastos que realizan en la reparación de los motores afectados por la denominada carbonilla.
En Cochabamba, la Federación del Transporte Libre denunció, a comienzos de febrero, que la gasolina que antes era subvencionada era de color claro, la actual es oscura y deposita hollín, lo que afecta las anillas, y válvulas de los motores de sus vehículos, incluso de los nuevos.
En Santa Cruz, los más perjudicados son los mototaxistas debido a que los motores de sus motos no resisten la gasolina desestabilizada y terminan averiados. En este caso corren con el costo de la reparación y además se quedan sin trabajar y no generar ingresos para sus familias. En algunos casos, la reparación implica un gasto de Bs 5.000, aseguran.
El propio Gobierno ha tenido que admitir la “mala calidad” de la gasolina presuntamente por un “sabotaje” y avanzar en una solución para resarcir en algo el daño que este combustible ha provocado en los motorizados.
El presidente Rodrigo Paz sostiene que el problema fue producto de un “boicot” contra su Gobierno. Sin embargo, considera que el Estado tiene la responsabilidad de resolver el problema y tomar las decisiones correctas y técnicas; no políticas, según declaró a la prensa.
El problema se concentra en Santa Cruz, La Paz y parte de Cochabamba, donde se aplicarán las acciones gubernamentales para recuperar la confianza en el producto.
También es parte de ese propósito que todos los comercializadores de combustible apliquen las mismas reglas.
Las estaciones de servicio de Santa Cruz declararon a la prensa que son una de las actividades más fiscalizadas, las 24 horas, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al punto que deben reportar en línea sus ventas.
A ello se suma el control por el manejo de una sustancia que puede ser desviada a actividades ilícitas. En síntesis, no sale una gota de gasolina sin que haya un control. Sin embargo, advierten que los importadores sólo requieren de un predio y un dispensador para vender el producto, sin vigilancia estatal.
El camino para recobrar la confianza no es sencillo, pero se han comenzado a dar los primeros pasos con la creación del seguro para resarcir los daños leves y graves facilitando los reportes de los afectados a través de plataformas digitales.
En adelante, se requiere que todos los eslabones de la cadena de control desde la compra que realiza Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasando por los controles y almacenaje hasta la distribución, recepción y venta cuenten con un control permanente para garantizar que el producto que se vende sea de buena calidad.
El Gobierno, además, debe encaminar una investigación a fondo sobre el “boicot” para evitar que este hecho se vuelva a repetir con consecuencias peores.
