Justicia bajo fuego

Bolivia no se volvió violenta de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible al inicio, y es que poco a poco, hechos que antes paralizaban al país comenzaron a verse como parte de la rutina. Escuchar sobre sicariatos o ajustes de cuentas ya no provoca el mismo impacto de hace algunos años. Y eso, quizás, es lo más preocupante.

Durante 2025 se registraron al menos 26 asesinatos vinculados a ajustes de cuentas, según un informe de Bolivia Verifica. Pero, detrás de cada cifra hay una historia, una familia y también un mensaje: el crimen organizado ya no actúa en las sombras, ahora demuestra poder. La violencia dejó de ser únicamente un mecanismo para eliminar enemigos; también se convirtió en una forma de imponer miedo y marcar territorio.

Mientras discutimos sobre el combustible, el incremento salarial, las leyes y los paquetes económicos, avanza una cooptación silenciosa. En medio de ese escenario, alguien asustado, que prefiere resguardar su anonimato, me busca en mi rol de periodista para contarme que, como autoridad electa en estas subnacionales, fue llevado mediante engaños a la casa de un poderoso personaje del lado oscuro. ¿Qué buscan? Influir en gobiernos locales para asegurar el dominio de rutas.

El asesinato del juez Wilber Cruz en Villa Tunari, en 2025, dejó una sensación difícil de ignorar: ni siquiera quienes administran justicia están protegidos. La idea de que ciertas autoridades eran “intocables” terminó de romperse. Algo parecido ocurrió en Tarija. Durante mucho tiempo fue vista como una ciudad relativamente tranquila, alejada de los niveles de violencia de otros departamentos. Sin embargo, el asesinato del empresario Mauricio Aramayo, en pleno centro de la ciudad en enero de 2026, cambió esa percepción.

Las alertas impactan con el asesinato del magistrado decano Víctor Hugo Claure. Y lo más duro es entender que estos casos no parecen aislados. Existe un patrón que empieza a repetirse: cuando el crimen organizado gana espacio, quienes investigan, juzgan o interfieren en sus intereses se convierten en objetivos.

Bolivia enfrenta este problema con enormes limitaciones. El sistema judicial y de seguridad arrastra debilidades históricas, falta de recursos y herramientas legales insuficientes para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas. A eso se suma otro problema aún más delicado: la infiltración del narcotráfico en instituciones que deberían combatirlo.

Por eso la sensación de desprotección crece, mucha gente percibe que el Estado llega tarde, o simplemente no llega. Y en esos vacíos aparecen grupos capaces de imponer reglas propias mediante violencia, dinero y miedo. La presencia de organizaciones criminales como el PCC o el Comando Vermelho demuestra que Bolivia dejó de ser únicamente un territorio de tránsito. Hoy también es un espacio de disputa y resguardo para mafias regionales.

Si el Estado no fortalece sus instituciones, no moderniza sus sistemas de inteligencia y no recupera control territorial, el riesgo es evidente. La violencia puede terminar ocupando el lugar que debería pertenecer a la ley. Y cuando eso ocurre, lo que se debilita no es solamente la seguridad.

Se debilita la confianza en el país mismo.