Cabildo en Roboré pide auditoría de los asentamientos y juicio a Evo Morales
LA PAZ |
Un cabildo convocado por el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca resolvió rechazar y realizar auditorías a los asentamientos autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), asimismo, determinó que se impulse un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por los incendios en la Chiquitanía.
El cabildo se realizó este sábado 31 de agosto en la plaza principal del municipio de Roboré, donde está concentrado uno de los comandos para coordinar y ejecutar las acciones orientadas a sofocar los focos de calor en la región del oriente boliviano.
En un voto resolutivo determinaron 12 puntos, entre los que destacan está el rechazo a nuevos asentamientos en la zona, y se exige la realización de auditorías a los asentamientos que permitió el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Asimismo, señalan al presidente Evo Morales como el principal responsable del desastre en la Chiquitanía, por lo que piden que se promueva un juicio de responsabilidades "en una corte internacional de justicia, por el daño a nuestros bosques y medio ambiente".
Hace más de 20 días que el fuego quemó más de un millón de hectáreas de superficie de bosques y pastizales, en la Chiquitanía. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz declaró emergencia departamental, tras esta determinación el Gobierno central activó los operativos para combatir los incendios.
Otra de las demandas del cabildo es que se declare "desastre nacional", aunque las autoridades nacionales no creen que sea necesario. El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseguró que el Estado tiene la capacidad de respuesta, porque no ha sido rebasado ni técnica, ni económicamente.
Asimismo, los presentes rechazaron la Ley 741 y el decreto supremo 3973, ambas normas autorizan el desmonte de hasta 20 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Piden que la pausa ecológica incorpore un proceso de mitigación y restauración de los bosques.
También declararon "enemigos" a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que no asistieron al cabildo.
