Denuncias laborales aumentan en un 57% en Bolivia
Las denuncias por vulneraciones a los derechos laborales presentadas ante el Ministerio de Trabajo en Bolivia aumentaron un 57% entre 2021 y 2023, pasando de 16.000 a 25.168. La mayoría de las quejas se refiere a beneficios sociales, impago de salarios y despidos injustificados, según la ministra de Trabajo, Verónica Navia.
En 2023, se registraron en promedio 2.000 denuncias mensuales, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por la concentración de empresas en estos departamentos. Muchas de estas denuncias involucran a más de 100 trabajadores.
Para trabajar estas quejas, el Ministerio de Trabajo ha implementado oficinas móviles que llegan a áreas remotas para realizar inspecciones y recibir denuncias. También se ha trabajado en reducir los plazos de resolución de casos mediante la Ley 1468 de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, que acorta significativamente los tiempos de respuesta.
“Esta norma ha reducido los plazos administrativos, ha suprimido el recurso de revocatoria que demoraba hasta 20 días hábiles para su resolución. Permitió reducir a la mitad el plazo del recurso jerárquico, que demoraba en su resolución 90 días hábiles, al presente, respetando el derecho a la impugnación y el derecho a la doble instancia, como parte del debido proceso. Ahora, el recurso de revisión es resuelto en un plazo máximo de 45 días hábiles”, indicó la ministra Navia.
Por otro lado, el acoso laboral sigue siendo una preocupación importante con 374 denuncias de acoso contra mujeres y 124 contra hombres registradas en 2023. La Defensoría del Pueblo ha instado al Estado a promulgar una ley específica para sancionar el acoso laboral, una medida pendiente desde la aprobación de la Constitución en 2009.
La instancia defensorial identificó al menos cinco vulneraciones a los derechos laborales, que afectan a las y los trabajadores en Bolivia: al salario justo, a no sufrir acoso laboral, a la inamovilidad laboral, al empleo digno y al pago de beneficios sociales.
Según el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien señaló que actualmente Bolivia no cuenta con una ley que sancione el acoso laboral, siendo un tema pendiente que se arrastra desde la promulgación de la Constitución Política del Estado, pese a que la protección a la estabilidad laboral y la prohibición de toda forma de acoso laboral son vigentes en la Carta Magna.
