Gobierno y campesinos acuerdan gestionar abrogación de Ley 1720
El presidente del Estado, Rodrigo Paz y representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) acordaron este miércoles gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
El acuerdo quedó plasmado en un acta de coordinación y trabajo suscrita entre ambas partes, que establece una ruta para atender las demandas del sector campesino que llegó a la ciudad de La Paz tras una movilización.
A través de sus redes sociales, el presidente Paz reafirmó su línea de gestión. “El presidente Rodrigo Paz Pereira reafirma su compromiso con un Gobierno que escucha, ordena y resuelve: apuesta firme por el consenso, el diálogo y la comprensión como base de la gestión pública”, señala el mensaje difundido.
En el encuentro participaron también el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores; el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez; el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Hernán Pereira Fernández; y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, además de otras autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo.
Tras la reunión, el Gobierno destacó que el diálogo permitió organizar la atención de las demandas con responsabilidad y enfoque en soluciones concretas. “¡Ese es el camino: diálogo, coordinación y respuestas!”, enfatiza el pronunciamiento oficial.
En tanto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que la decisión final sobre la vigencia de la norma corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional. En esa línea, desde el Órgano Legislativo se informó que un proyecto para abrogar la Ley 1720 será tratado en comisión y, de contar con informe favorable, podría ser considerado en el pleno en los próximos días.
La normativa vigente autoriza al INRA a convertir, a pedido de los titulares, las pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades; sin embargo, fue cuestionada por sectores indígenas y campesinos, que demandan su anulación.
El Gobierno remarcó que el acuerdo alcanzado con la Csutcb refleja la voluntad de resolver los conflictos mediante el diálogo directo y el trabajo coordinado entre autoridades y organizaciones sociales.
