La Ley del Artista, un canto de las sirenas
Las sirenas en la mitología griega tienen el atributo de seducir con su musical y dulce voz a los hombres en medio del mar, llevándolos hacia la muerte hasta ahogarlos. Este juego de seducción y engaño es replicado constantemente por los políticos de turno. En el caso de la cultura, son abundantes los discursos con palabras voluntariosas que demuestran interés en el desarrollo cultural, en situaciones oportunas, como por ejemplo un contexto preelectoral.
En el año 2017, a raíz de la contundente movilización nacional del sector cultural en contra de una normativa del Servicio de Impuestos Nacionales, que pretendía la emisión de facturas por parte a artistas, intérpretes y ejecutantes que prestarán servicios en actividades privadas (fiestas, actividades sociales, bares) dio lugar a que la ministra de Culturas de ese entonces, Wilma Alanoca, convocará a reuniones a dirigentes, artistas y gestores a nivel nacional, quienes expusieron sus demandas sobre la normativa impositiva, la ausencia de leyes y políticas para la cultura. Los avances a partir de ese año no fueron sustanciales. En cuanto a la norma impositiva, se logró establecer un “status quo” con Impuestos Nacionales bajo el argumento del análisis de la realidad del sector y el compromiso del trabajo ministerial en la consolidación de la Ley Marco de Culturas y la Ley de Artista.
Los resultados de las reuniones y encuentros no se vieron hasta el año 2019, cuando el extinto Ministerio de Culturas presentó un borrador de Ley del Artista que no incluía los avances y aportes realizados por el sector, además presentaba conceptos peligrosos en cuanto a la libertad de expresión, instrumentalizaba las expresiones artísticas y planteaba regulaciones que afectarían de forma negativa el desarrollo de las actividades culturales. La ley pretendía ser presentada a la Asamblea Legislativa, lo que reavivó la movilización, se rechazó el borrador de forma rotunda por la falta de consenso y la baja calidad del texto que omitía las reales necesidades de los trabajadores de la cultura. El descontento del sector fue tan decidido, que el entonces vicepresidente señaló que la norma no sería tratada en el legislativo sin el previo consenso del 99,9 % del sector. Y nuevamente, se instalaron mesas de trabajo con los técnicos legales del Ministerio sin llegar a un resultado positivo.
La pasada semana, la diputada nacional Shirley Franco junto a Roxana Arce, Jordana Sevilla e Israel Alcocer, de la bancada del partido Unidad Demócrata, presentaron un proyecto de Ley del Artista, respaldada por dirigentes de algunas federaciones de artistas, que se han atribuido la representatividad de la diversidad del sector y lo que es peor aún, este borrador de ley es una copia del borrador rechazado en 2019, fue tomado con todas sus deficiencias por los asambleístas, quienes realizaron pocas modificaciones y han omitido la historia de construcción de esta norma, por lo que fue nuevamente rechazada por diversas asociaciones, sindicados, colectividades y trabajadores independientes de la cultura del país, ya que no ha sido consensuada se centra equivocadamente en la regulación de las actividades comerciales culturales. Es claro que existe intereses politiqueros, ya que en los pasados años, los asambleístas no desplegaron ningún tipo de apoyo al sector organizado en la construcción de la ley y, en la actualidad, no se han pronunciado de ninguna forma en cuanto al cierre del Ministerio de Culturas y Turismo.
La Ley del Artista debe diseñarse en base al derecho laboral, para sancionar las vulneraciones a las que los artistas están sometidos, se debe regular salarios, jornadas de trabajo y los términos de contrataciones públicas y privadas, por ejemplo, son innumerables los casos en los que los artistas tienen que peregrinar para hacer el cobro por actuaciones realizadas; son clave los derechos sociales, entendiendo las particularidades del sector y su ámbito de protección debe reconocer las diversas formas de trabajo de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los trabajadores vinculados a la actividad artística (técnicos de sonido, luces, vestuaristas, catering, etc.), considerando las afectaciones del trabajo independiente e informal, además de promover el constante desarrollo profesional en cuanto a formación académica especializada e incentivar la creación. La crisis sanitaria nos demanda una renovación de las políticas públicas y los derechos de seguridad social, el sector cultural se inscribe en esta agenda, la educación y salud pública debe ser garantizada para cada uno de los ciudadanos con calidad.
La Ley del Artista no es bandera de campaña política, se creará en condiciones de legalidad y legitimidad, a partir del consenso y en conocimiento a la diversidad del sector cultural. Hoy los cantos de sirenas no adormecen a los trabajadores de la cultura, los políticos ya no engañan tan fácilmente, el sector no necesita amarrarse a un mástil como lo hizo Ulises en la Odisea para no caer en el embrujo. Hoy, oídos sordos a la politiquería.
