Uso de los recursos de las AFP ¿Raspando la olla?

La decisión del Gobierno de utilizar hasta el 1 por ciento de los recursos de las AFP para crear fondo de inversión (al final del día un tipo de crédito) para apoyar a sectores productivos, pequeños y medianos, del agro cruceño ha generado una buena polémica. Según el oficialismo esta acción estaría enmarcada en la Ley de Pensiones 065, que el artículo 140 II c., lo cual es correcto, pero lo que no se dice es que estos recursos no requieren de calificación de riesgo. Transcribo parte de artículo II c: “No más del cinco por ciento (5%) de cada Fondo podrá ser invertido en Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo…”. Justamente este el punto que genera genuina susceptibilidad de la gente y urticaria política. Por oposición el otro 95 por ciento para ser invertidos deben contar con calificación de riesgo de acuerdo a lo determinado por la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos.

Con estos antecedentes: ¿es una buena o mala idea la creación de este fondo? Antes de más nada definamos que es un fondo de inversiones. Éste es un instrumento financiero que recibe los aportes de personas jurídicas o naturales, que forman un patrimonio común y autónomo. Ese patrimonio es administrado por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Safi). Prácticamente todos los bancos tienen una Safi. Seguramente usted amable lector ha escuchado propagandas de estas Safis que buscan captar sus ahorros y que al final terminan el anuncio con una persona que habla a mil por hora, la letra chica del contrato, y que dice las inversiones son por cuenta y riesgo de los participantes.

El fondo creado para el sector agropecuario será administrado por la Safi del Banco Unión, una entidad estatal. Aquí surge la primera susceptibilidad, ¿por qué no se permitió que otras Safis participen del negocio, y compitan por la comisión que se ganará por administrar los 150 millones de verdes?

Para realizar un abordaje integral del tema se debe analizar el objetivo de la política pública, la fuente de recursos usados y el diseño del instrumento.

Con esta propuesta, más allá de los discursos de blindaje de la economía boliviana, el Gobierno reconoce que hay sectores en crisis que deben ser apoyados por la política pública, para ello destina un 1 por ciento de estos recursos para dar créditos de $us 100 millones al sector agropecuario, pero utilizar 50 millones para una especie de respaldo para el propio préstamo. Si se usa el 5 por ciento de los recursos de las AFP se podría a llegar a $us 700 millones.

Aquí las preguntas pertinentes son: ¿Por qué el Gobierno —que tiene el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Unión, que cuenta un programa de inversión productiva, con la banca para apoyar empresas privadas, con más de $us 1.200 millones por año—  ha decidido utilizar $us 150 millones de los aportes nuestros? ¿Es que la hambruna fiscal es muy grave? ¿Qué ha pasado con las reservas internacionales que estaban alrededor de $us 15.000 millones en el 2014 y ahora están en menos de 10.000 millones? ¿Estamos raspando la olla y no hay plata, y tenemos que apelar a los recursos de las AFP? ¿Cuál es el límite de estos saques?

Más allá de la necesidad o no de apoyo al sector productivo, la señalización de esta operación es cuestionable debido al origen del financiamiento, el tema del riesgo y el contenido político. No es la mejor idea tocar los fondos de los bolivianos, genera incertidumbre, es un mensaje negativo de que la situación económica es mucho más compleja de lo que uno parece verla en un primer momento. Además, se ha dicho que habrá más de estas operaciones para otros sectores. El Gobierno pudo haber usado otra fuente de financiamiento para esta operación. 

El vehículo utilizado es un fondo de inversión cerrado. Es evidente que no es la primera vez que se utiliza esta ingeniería financiera para atraer recursos de las AFP. Pero cabe recordar que estos fondos requerían calificación de riesgo, por lo que estas operaciones fueron hechas por el sector bancario privado y que las AFP tomaron, esperemos, una decisión para invertir, nuestros fondos, con criterios técnicos y no políticos.

Ahora bien, éste no es caso del fondo que comentamos. Como estos recursos, según la Ley 065, no necesitan de calificación de riesgo y como es conocido que el sector agropecuario enfrenta peligros altos asociados al clima y variabilidad de precios, se diseñó una cobertura de riesgos aparentemente sofisticada pero no por eso perfecta. De hecho la estructuración del fondo es cuestionable. Se afirma que se invertirá $us 100 millones respaldados por las retornos que se espera de la inversión de $us 50 millones. Primero, la inversión de los 50 deben garantizar no 100, sino los 150. Segundo, los $us 50 millones también están en riesgo, aunque sea bajo. Tercero, que papeles, en el mercado nacional o internacional, están rindiendo en torno 9,5 por ciento para que en 12 años se devuelva $us 150 millones, en el peor de los casos. Bueno alguien dirá que esta operación sólo requiere generar $us 60 millones porque los otros 90 están cubiertos por la garantía de los industriales agropecuarios (30 por ciento) y los Fondos de Garantía para el Sector Productivo creados con el 6 por ciento de las utilidades de los Bancos (30 por ciento). Pero aquí también surgen interrogantes válidas: 1. En el caso de garantía de los industrias, ¿éstas son con tierras y maquinarias? No. En realidad, se habla de cobertura (y no de garantías), supongo que son quirografarias, es decir, papelitos con firmas. 2.  ¿Qué si las ganancias de los bancos bajan a futuro? Claramente esta otra garantía también es débil.

En suma, el Gobierno debe apoyar a los sectores productivos en crisis, pero debería utilizar otros recursos y no tocar los fondos de ahorro de los bolivianos. No es consistente hacer discursos grandilocuentes sobre el éxito del modelo económico y después dar la sensación de estar raspando la olla, tocando plata que no es suya.

El autor  es economista