La lucha anticorrupción en Bolivia

Hoy en día todo se sabe gracias a la tecnología, pero a medias. Los bolivianos tenemos la sensación de que conocemos muy poco de la verdad (la punta del iceberg) sobre los escándalos de corrupción. ¿Cuánto lograremos saber finalmente sobre el caso Zapata o el caso Fondioc? ¿Qué sucede con alegaciones de corrupción sobre otras empresas chinas fuera de la Camce? ¿Qué otros casos de corrupción no conoceremos?

Las significativas denuncias de los periodistas Carlos Valverde y Amalia Pando que han destapado los recientes escándalos, evidencian también, entre líneas, nuestras limitaciones para investigar actos de corrupción. Valverde que difunde su programa desde un pequeño estudio, no podía cumplir con los requerimientos técnicos para que CNN lo entreviste. Vive en Santa Cruz, alejado de los funcionarios públicos y de los centros de documentación. Amalia Pando aparece desde youtube, sin la capacidad de producción como la que tienen otros programas televisivos de noticias (para no mencionar las producciones de entretenimiento). En otras palabras, los recursos para la corrupción nunca faltan, pero los recursos para investigarla son siempre limitados.

La sociedad civil tiene reducida capacidad para inquirir y luchar contra la corrupción. No contamos con un capítulo de Transparencia Internacional, a diferencia de la mayoría de países de nuestro continente, y tampoco existe otra organización ciudadana relevante que tenga la función de observatorio de la corrupción. Instituciones existentes como los Colegios de Abogados podrían tener una participación más activa (los propios abogados desconocen en su mayoría las normas anticorrupción, y podrían ser útiles en el análisis de contratos o de esquemas corporativos y financieros). Hacen falta iniciativas anticorrupción, como la implementación de cursos de capacitación, la inclusión de la temática en carreras universitarias y programas escolares; el lanzamiento de campañas educativas y de concientización ciudadana; etc.

La contraparte pública, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, no tiene la autonomía necesaria para actuar de forma independiente e imparcial. Fui a sus dependencias en Santa Cruz, y me encontré con una ínfima oficina en un edificio desierto, que trabaja a puertas cerradas y da poco aliento a los ciudadanos para que realicen cualquier denuncia. Se ha creado además una multitud de oficinas y sistemas de lucha contra la corrupción, cuya actividad parece nula: el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, compuesto supuestamente por varias instituciones estatales, entre ministerios, entes especializados y representantes de la sociedad civil organizada; el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos; y el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. Por otro lado, hemos sido testigos de actos de corrupción y extorsión de los propios jueces anti-corrupción, creados el 2010.

Los bolivianos contamos con los mecanismos legales básicos de lucha cívica contra la corrupción. La Constitución Política establece que es obligación de todo boliviano el “denunciar y combatir actos de corrupción”, y que la sociedad civil organizada debe ejercer “el control social a la gestión pública”. La Ley Anti-Corrupción “Marcelo Quiroga” de 2010, por mandato constitucional, reconoce y articula la participación activa de la sociedad civil. Bolivia posee un marco legal de lucha contra la corrupción que está en permanente implementación, de acuerdo a los requerimientos que el país se ha comprometido en cumplir por medio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción; las delegaciones de expertos de ambas convenciones visitan periódicamente nuestro país para evaluar el grado de su implementación. Una observación significativa de los organismos internacionales es la carencia de una ley de acceso a la información. La reciente Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública podría servir como una importante referencia.

Entretanto, Transparencia Internacional sitúa a Bolivia en la posición 99 de 168 países en su ranking de corrupción, y nos da una calificación de 34 sobre 100, donde 100 es muy transparente y 0 muy corrupto. La Ministra Anticorrupción ya salió, para vergüenza nuestra, a declarar que el Gobierno desconoce las cifras y el trabajo de esta organización.

El autor es abogado.